Nicolás Maduro dio este jueves unas fuertes declaraciones ante los miembros del Consejo Nacional de Economía Productiva, en las que prometió aumentar la persecución contra la disidencia y adelantó sus próximos pasos, a pesar de las múltiples denuncias por abuso de la fuerza por parte de los comandos de seguridad chavistas.
Maduro, quien sostiene que en Venezuela se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar “uno por uno” a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.
“Los ‘guarimberos’, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano les digo: Esta vez no va a haber perdón”, sostuvo el chavista, en un intento por justificar los arrestos que sus oficiales llevan a cabo cada día en todo el país, tanto de civiles que participan pasivamente de las manifestaciones como de políticos o testigos de los centros de votación del domingo.
Estas personas serán recluidas en dos centros penitenciarios de máxima seguridad que, en 2023, fueron intervenidos por las autoridades luego de haberse convertido en centros de operaciones de bandas criminales, con lujos de todo tipo.
“Estoy preparando dos cárceles que estarán listas en 15 días… ya estaban reparándose. Tocorón y Tocuyito. Todos los ‘guarimberos’ van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, prometió.
El régimen, que desde el domingo asegura haber conseguido la reelección y se niega a presentar las actas que lo respalden, sumó que estas miles de personas “entrenadas en Texas -Estados Unidos-, Colombia, Perú y Chile (...) quemaron más de 300 módulos policiales en el país (...) que lo que le prestan es vigilancia y protección a la ciudadanía” y “estaban borrachos y drogados por la mentira que tenían en la cabeza”.
Sin embargo, las declaraciones del chavista, que cada día de esta semana brindó un discurso contra la oposición y la comunidad internacional, contrastan con las imágenes difundidas por redes sociales y los balances de ONGs independientes, que ya contabilizaron 711 arrestos arbitrarios desde el domingo y 11 fallecidos.
Entre las víctimas no fatales, la mayoría son civiles participantes de las protestas y 74, adolescentes, aunque también se reportaron casos de políticos, disidentes y testigos electorales. Todos ellos están incomunicados, privados de una legítima defensa y hasta sometidos a torturas.
Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular, fue uno de los nombres que más se difundió en los últimos días, luego de que oficiales encapuchados del régimen lo secuestraran el martes por la mañana. Tras más de 30 horas sin noticias, este jueves, finalmente, el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, confirmó su privación de la libertad y se burló de los rumores sobre torturas.
“Está detenido y hablando muy bien, es bilingüe”, dijo.
A raíz de esta avalancha de denuncias y videos compartidos por la gente, un grupo de ocho organizaciones humanitarias difundieron un comunicado conjunto en el que advirtieron sobre “el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas” y exigieron “respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica”, a la par que instaron a las autoridades a “que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.