La dictadura de Nicolás Maduro suspendió este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, instalada en 2019, al considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo. Ordenó, además, la salida de su personal en 72 horas.
El anuncio tiene lugar tras el comunicado publicado por la Misión de la ONU en el que expresó su “profunda preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de “terrorismo”.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, manifestó el canciller del régimen venezolano, Yvan Gil.
La suspensión se mantendrá “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió.
Gil señaló que la dictadura realizará “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina, en los próximos 30 días” y ordenó “que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas”.
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la ex presidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.
Antes de dejar el cargo, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la Oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
El Comisionado se reunió entonces con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del régimen, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Señaló, además, que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
La labor principal de la Oficina técnica consiste en “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas” en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.
La Misión de la ONU expresó su “profunda preocupación” por la detención el viernes de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel e instó al régimen de Nicolás Maduro a “poner fin a la ola de represión” contra los opositores que se está intensificando en todo el país.
“Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. El Fiscal General la acusó de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país”, detalló la Misión.
“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”, enfatizó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.
La Misión expresó su preocupación por “una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional” y que incluyen “detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado”.
Francisco Cox, miembro de la Misión, subrayó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos”. Y acotó: “Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”.
Por su parte, Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora, argumentó: “De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”; al tiempo que destacó que “la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.
(Con información de AFP)