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Cómo sigue la causa que investiga a los dos jóvenes que mataron a patadas a una nutria en Bahía Blanca

Imanol Santerre y Bautista Bravo fueron citados por la Justicia para declarar. Se espera por los resultados de los análisis de los celulares capturados durante los allanamientos

La Ley 14.346 de Argentina tipifica el maltrato animal como delito penal y prevé sanciones por actos de crueldad contra los animales

El brutal caso de maltrato animal que conmocionó a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, en el que dos jóvenes mataron a patadas a una nutria y se grabaron, avanza en la investigación que está llevando a cabo la Justicia. El caso está a cargo de la fiscal Marina Lara, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7.

Imanol Santerre, uno de los acusados, se negó a declarar el lunes pasado ante la fiscalía, mientras que Bautista Bravo, el otro implicado, se deberá presentar este martes para ser indagado.

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Santerre hizo uso de su derecho a guardar silencio, una posibilidad prevista dentro del proceso penal que no implica reconocimiento de responsabilidad alguna, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación al medio La Brújula 24.

Ahora toda la atención recae sobre Bravo, cuya presentación podría aportar nuevos elementos sobre lo ocurrido durante la madrugada en que el animal fue atacado a patadas en Paraguay al 500.

Mientras la expectativa se concentra en la declaración de Bravo, los investigadores aguardan el resultado de los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados en Bahía Blanca y en Huanguelén, la localidad de donde son oriundos los jóvenes. De acuerdo con lo informado por el medio bahiense, esos informes estarían disponibles la semana próxima.

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La Municipalidad de Bahía Blanca se presentó como particular damnificada para intervenir en el expediente por maltrato animal

Los dispositivos son considerados elementos de peso para reconstruir la mecánica del hecho: los peritos buscan determinar cómo se produjo la filmación, quiénes participaron de la secuencia, si el material fue difundido posteriormente y qué ocurrió antes y después del ataque. En ese sentido, el análisis digital se perfila como una de las pruebas centrales del expediente.

El caso trascendió el ámbito judicial y generó consecuencias institucionales de distinto orden. La Municipalidad de Bahía Blanca se presentó como particular damnificada, con el objetivo de tener participación activa en el expediente. Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) inició un juicio académico contra Bravo, alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN Bahía Blanca.

El decano de esa casa de estudios, Alejandro Staffa, confirmó que Bravo fue suspendido de manera preventiva y que no puede asistir a clases mientras se desarrolla el proceso interno. La medida fue adoptada por el Consejo Directivo ante lo que la institución consideró una conducta incompatible con los valores universitarios.

Cómo fue la cronología del caso

El sábado 6 de junio, el video que muestra a Bravo acorralando y golpeando a una nutria en la vereda de la calle Paraguay al 500, en Bahía Blanca, se propagó por las redes sociales. A raíz de ese registro, Santerre fue identificado como el autor de la grabación, realizada con su propio teléfono.

Los peritajes sobre los celulares secuestrados en Bahía Blanca y Huanguelén podrían estar listos la próxima semana

En el material audiovisual se escucha a uno de los jóvenes decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos debatían si el animal era una nutria o un carpincho. El ejemplar, de pelaje marrón y unos 60 centímetros de longitud, había sido avistado días antes por personal de Zoonosis municipal, que no logró rescatarlo en aquel intento.

El video llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal después de que una usuaria etiquetó a la organización para dar difusión al material. Esto llevó a Morena Loncaric, presidenta de la entidad, a recopilar evidencia para presentar una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.

Loncaric manifestó que no pudo ver el video hasta el final por lo perturbador del contenido, y subrayó que el episodio no podía quedar sin consecuencias judiciales. Tras la difusión masiva, muchos usuarios reclamaron en redes los datos personales y los domicilios de los jóvenes. Ante esa escalada, la titular de la fundación actuó con rapidez para que la situación no se desviara del canal judicial, y entregó toda la información exclusivamente a la Policía.

A partir de ese momento, los jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales, mientras las autoridades pidieron la colaboración de testigos presenciales y valoraron sus testimonios como piezas clave de la investigación. La organización señaló que hubo más personas involucradas o presentes durante el hecho, y precisó que le corresponde a la Justicia fijar las responsabilidades.

Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado en la causa y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido para impulsar la investigación. En ese marco, subrayaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, y advirtieron que este tipo de hechos “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

La Ley N° 14.346 de Argentina tipifica el maltrato animal como delito penal y establece sanciones para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales.

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