A pocos días del inicio del ciclo lectivo, un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cerró sus puertas de manera inesperada. Mientras que cerca de 200 alumnos quedaron sin vacante, la comunidad educativa reclama por salarios y aportes impagos.
La situación ocurrió en la institución Formar Futuro, ubicada en el barrio porteño de Villa Real, sobre la calle Simbrón al 5400.
Según pudo reconstruir este medio, las familias se enteraron a mediados de enero del inminente cierre de la escuela, cuando las autoridades informaron la decisión a través de un correo electrónico. Unos 187 chicos estaban matriculados para este año.
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El aviso dejó un margen mínimo para buscar otra institución, en un calendario ya ajustado: las clases del ciclo lectivo 2026 comienzan el 25 de febrero para los niveles inicial y primario, mientras que el nivel secundario tiene previsto el inicio de actividades el lunes 2 de marzo.
“Mediante un correo electrónico cobarde, los empleadores informaron el cierre de la institución, dejando salarios y aportes de la seguridad social impagos, a los alumnos sin colegio y a los trabajadores sin su fuente laboral”, denunció públicamente el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
En el posteo publicado este miércoles en redes sociales, la organización calificó el cierre de la institución como “abrupto y delictivo”.
Y es que no solo más de 50 docentes quedaron sin su fuente de trabajo, sino que además no perciben sus sueldos desde diciembre del año pasado. Según el sindicato, en estos momentos se desconoce el paradero de las autoridades de la escuela.
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“Los responsables de la Institución no sólo defraudaron a toda la comunidad educativa, sino también al Estado malversando los fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes”, continuó la denuncia de SADOP.
Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad explicaron a Infobae que tomaron conocimiento de la situación en enero de este año, a partir de las denuncias de los docentes que no habían cobrado sus salarios y del alerta de las familias.
En ese marco, confirmaron que, en carácter de “particular damnificado”, el Ministerio inició acciones legales contra los responsables de la escuela, que recibía aportes estatales por 47 docentes.
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“Se están realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos, además de acompañarlos y a sus familias en este proceso”, siguieron.
Días atrás, una madre de la comunidad educativa de Formar Futuro viralizó un video en redes sociales en el que contó cómo los padres se enteraron del cierre. Según relató, el 10 de enero la noticia comenzó a circular a través de un mensaje en el grupo de padres.
“Durante todo enero, madres y padres a la deriva, buscando escuelas, intentando reorganizar un año entero mientras los chicos quedaban sin colegio y sin sus compañeros. Docentes sin trabajo. Familias desesperadas. Niños y adolescentes afectados desde jardín hasta secundaria. Esto no es un ataque. Es un relato colectivo de lo que vivimos muchas familias”, escribió la usuaria en el posteo de Instagram.
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La nueva resolución del Gobierno
A partir de esta situación, la cartera que dirige Mercedes Miguel decidió avanzar con una nueva medida para evitar que las escuelas dispongan cierres sin previo aviso a las familias. Se trata de la resolución N.º 92, publicada en el Boletín Oficial porteño el pasado 22 de enero.
Según las nuevas pautas para el cierre de escuelas privadas porteñas, “toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada”.
La resolución incluye un protocolo específico que comienza con la obligación de la escuela de notificar a la Dirección sobre “la existencia de un riesgo de continuidad, cuando se encuentre analizando una posible cancelación de uno o más niveles, modalidades o de la totalidad de la oferta educativa del establecimiento”.
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Además, las autoridades deberán presentar una solicitud de cancelación institucional. Entre otras pautas, se establece la realización de una reunión obligatoria con las familias de los alumnos, así como con los equipos docentes, “a fin de informar lineamientos, organizar el acompañamiento pedagógico y atender inquietudes laborales o institucionales”.
Le sigue otro punto clave, que no se cumplió en el caso de la Escuela Formar Futuro: la acreditación de obligaciones laborales de instituciones educativas con aporte estatal.
De acuerdo con el documento que establece las pautas, la institución educativa que reciba aportes estatales deberá “acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal docente de su planta orgánico funcional, y adjuntar la documentación conforme lo previsto en la normativa vigente”.
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