El Congreso de EEUU alertó sobre la pesca ilegal china en la región: los casos que relevó en Argentina

El Congreso de los Estados Unidos investigó cómo opera la pesca ilegal china en la región y relevó casos concretos en Argentina, en un informe que advierte que Pekín despliega su flota pesquera como instrumento de presión diplomática y proyección de poder, con consecuencias directas para la soberanía de los países sudamericanos y los intereses de Washington en el hemisferio.

El documento, titulado China’s Global Fishing Offensive (“La ofensiva pesquera global de China”), fue elaborado por el Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino (CCP Committee) y la Subcomisión de Seguridad del Transporte y Marítima de la Cámara de Representantes. El trabajo de campo incluyó investigaciones en Argentina y Chile, donde el comité relevó incidentes directos entre embarcaciones chinas y autoridades locales.

El caso argentino más documentado se produjo antes de la Cumbre del G20 de 2018 en Buenos Aires. Según el informe, Pekín emitió una directiva que ordenaba a toda su flota de aguas distantes retirarse de las zonas económicas exclusivas extranjeras “para establecer la imagen de una gran potencia responsable y evitar violaciones relacionadas con el extranjero durante la Cumbre del G20”. El texto del comité señala que la orden fue una respuesta directa a los enfrentamientos previos con la Prefectura Naval Argentina, que amenazaban con generar un escándalo diplomático de cara al encuentro de líderes mundiales en territorio argentino.

Los incidentes que motivaron esa retirada también están registrados en el informe. En febrero de 2018, la guardia costera argentina disparó sobre un buque pesquero chino acusado de pesca ilegal en aguas nacionales; otros cuatro barcos de la misma bandera intervinieron para facilitar su huida, lo que llevó al gobierno argentino a emitir órdenes internacionales de captura para las cinco embarcaciones. Dos años antes, en 2016, la Prefectura había hundido otro pesquero chino en circunstancias similares.

El informe del CCP Committee encuadra estos episodios dentro de una estrategia más amplia. “La República Popular China es la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”, cita el documento, con referencia a un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos (ONI). La flota china —estimada entre 2.000 y 16.000 embarcaciones cuando se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras— registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países entre 2022 y 2024.

La dimensión económica del problema afecta de manera directa a la región. Según los datos reunidos por el comité, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera en América Central y del Sur hasta 2.300 millones de dólares en daño económico, 600 millones en pérdida de ingresos y aproximadamente 500 millones en recaudación fiscal no percibida.

El informe también describe la arquitectura tecnológica detrás de la flota. Los buques chinos están equipados con terminales del sistema satelital BeiDou —instaladas en más de 300.000 embarcaciones a nivel global— que permiten a Pekín rastrear, contactar y dirigir sus embarcaciones en tiempo real desde tierra. Esa red de comunicaciones, señala el reporte, también se utiliza para coordinar maniobras de evasión ante inspecciones de guardacostas extranjeros. “Con un solo toque de un botón, un buque puede transmitir sus coordenadas y situación directamente a las autoridades chinas”, advierte el documento.

El reporte llega meses después de que el mismo comité advirtiera, en febrero de 2026, sobre instalaciones espaciales chinas en suelo argentino. Ese documento —titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China” y publicado por Infobae— identificó la Estación Espacio Lejano de Neuquén, construida en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner sobre un predio de 200 hectáreas cedido a China por 50 años sin pago de impuestos, como un nodo capaz de captar señales de satélites extranjeros y transferir datos a la red central del Ejército Popular chino. El mismo informe señaló el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en San Juan y la Estación Terrena de Río Gallegos en Santa Cruz como instalaciones con capacidades de uso militar.

“El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe”, sostuvo John Moolenaar, presidente del CCP Committee, al presentar el reporte espacial de febrero.

El nuevo informe pesquero amplía ese diagnóstico e insta al Departamento de Estado a incrementar los acuerdos bilaterales de aplicación conjunta de la ley marítima, con especial atención al Atlántico Sudoccidental, una zona sin organismos regionales de gestión pesquera que el documento identifica como un vacío regulatorio que Pekín aprovecha de manera sistemática.

En paralelo, la administración de Donald Trump anunció el miércoles que le revocó la visa al exfuncionario argentino Pablo Ferrara, que fue representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero durante la gestión de Diana Mondino y que renunció en medio de una polémica por una supuesta presión del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de un empresario chino.

Así, el Departamento de Estado apuntó a Ferrara “por actividades corruptas que facilitaron la pesca INDNR y socavaron el acceso justo al mercado para los pescadores estadounidenses“. ”Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de EEUU”, señaló el subsecretario Christopher Landau en X. Y completó: “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.

A su vez, ayer también se informó sobre acuerdo entre Argentina y EEUU para la vigilancia marítima, que prevé la transferencia de equipamiento, entrenamiento y plataformas de patrullaje, en el marco de una estrategia regional para fortalecer la defensa de espacios marítimos y combatir la pesca ilegal.