Alejandra Monteoliva estimó cuándo los argentinos empezarán a viajar sin visa a los Estados Unidos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que Argentina avanza en el proceso para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, lo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo la funcionaria en LN+, en conversación con el periodista Luis Majul.

La funcionaria explicó que “no es solamente una cuestión de seguridad nacional” ya que está involucrada “Cancillería, Ministerio del Interior y el Renaper, en cuanto a datos. El proceso ya lo hemos iniciado”, agregó.

Según Monteoliva, eso “no es solamente una decisión política o administrativa, ya que hay que cumplir una serie de pasos en el cual estamos trabajando”. Y sostuvo que ayer la visitó en el Ministerio la subsecretaria de Asuntos Consulares de los Estados Unidos que lleva el adelante el caso de las visa waiver.

“Tenemos reuniones y vamos mostrando los avances en forma permanente”, sostuvo Monteoliva. Y cerró: “Hay que tener trazabilidad de procesos y en el registro de la información”.

Monteoliva resaltó que durante la reciente visita bilateral, las autoridades estadounidenses indicaron: “En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo”, y definió a la Argentina como el principal socio estratégico de Washington en la región.

Restricción al ingreso a estadios durante el Mundial

Además de explicar el avance del proceso de exención de visa, la ministra se refirió a la implementación del programa Tribuna Segura en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Monteoliva afirmó que el Gobierno argentino ya compartió con las autoridades estadounidenses una base de datos que reúne a cerca de 21.000 personas sujetas a restricciones de admisión en estadios, a raíz de antecedentes vinculados a la violencia en el fútbol.

A estos registros, explicó Monteoliva en LN+, se sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos como parte de un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, lo que eleva el total de personas excluidas del acceso a estadios durante el Mundial a 34.000. De esta manera, cualquier argentino incluido en esos listados no podrá ingresar a las sedes deportivas de la próxima Copa del Mundo.

El programa Tribuna Segura contempla un cruce permanente de información con autoridades anfitrionas para impedir la presencia de individuos con restricciones, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales para eventos internacionales.

Agenda interna y control penitenciario

En cuanto al plano local, Monteoliva explicó el estado de las discusiones dentro del oficialismo e hizo hincapié en la cohesión del gabinete en torno al presidente Javier Milei. La funcionaria subrayó: “En el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad. Más allá de las diferencias internas, existe coincidencia plena respecto del rumbo político del Gobierno: en el norte, en el para dónde hay que ir, estamos todos de acuerdo”.

Sobre temas sectoriales, la titular de Seguridad anunció que el Gobierno trabaja en una recomposición salarial tanto para las fuerzas de seguridad como para las Fuerzas Armadas, una prioridad compartida entre los ministerios de Seguridad y Defensa.

Y destacó la mejora en la cobertura médica tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa): “Hace 15 días se adjudicó a Medicus el plan de Prefectura y Gendarmería: esto es un antes y un después”, detalló.

En referencia al sistema penitenciario, Monteoliva informó sobre los avances en el bloqueo y destrucción de teléfonos celulares en cárceles argentinas. Señaló que ya han sido destruidos más de 4.500 dispositivos en distintos operativos realizados junto a la Justicia, en un esfuerzo por impedir comunicaciones ilegales desde los centros de detención y limitar la comisión de delitos intramuros.