El pasado martes por la mañana, un grupo de trabajadores de una empresa privada realizó el ingreso al Anexo de la Cámara de Diputados con sus herramientas de trabajo y unos rollos de papel. Tomaron el ascensor que los depositó en el quinto piso del anexo A y se situaron frente a una oficina de reuniones cuya pared exterior era de vidrio transparente, y se dispusieron a realizar su trabajo.
Unas horas más tarde, el interior de la oficina ya no se podía ver como consecuencia de un “ploteo” autoadhesivo que había mandado a hacer el bloque de La Libertad Avanza en donde se veía en el extremo superior izquierdo el logo y el nombre de la fuerza política, en el centro una gigantografía de un león que con sus patas “abraza” la cúpula del Congreso de la Nación y a la derecha la bandera argentina. Todo con el fondo color violeta.
La oficina que supo ser usada por el PRO y la Coalición Cívica para recibir invitados y que ahora utiliza LLA para las reuniones del bloque, supo estar decorado con la bandera argentina,
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Esto generó el rechazo de varios bloques legislativos de la oposición que presentaron proyectos de resolución repudiando la medida y exigiendo explicaciones de parte de las autoridades de la Cámara.
En las últimas horas ingresó un proyecto de resolución presentado por el diputado Carlos Daniel Castagneto, del bloque Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, en donde exige que la Cámara de Diputados exprese su “más enérgico repudio” ante la colocación de imágenes y símbolos del oficialismo en las oficinas con el argumento de que esa intervención viola los principios de neutralidad institucional que el propio Poder Ejecutivo Nacional estableció por decreto.
El proyecto de Castagneto apunta directamente a la contradicción que implica esa intervención respecto del Decreto N.º 1084/2024, publicado el 10 de diciembre de 2024 por el propio gobierno de Javier Milei. Esa norma establece que “la denominación y/o identificación de obras de infraestructura pública, monumentos, edificios, oficinas y espacios públicos no debería estar basada en intereses políticos partidarios, para no desvirtuar la finalidad y el significado cultural o histórico de dichos bienes y evitar provocar confusión entre lo público y lo partidario”.
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El mismo decreto agrega que “deviene necesario delimitar la utilización de nombres propios en la denominación que se asigna a los bienes del Estado Nacional, con el fin de evitar que se asocie la acción estatal con la de una persona o de un partido político”. El legislador opositor sostiene que el ploteo del bloque oficialista en el Congreso contradice ese espíritu de forma directa.
En los fundamentos del proyecto, Castagneto también trajo a colación el Decreto 712/2024, que prohíbe el uso de aeronaves públicas para actividades ajenas al servicio del Estado. Al presentarlo, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había declarado que “no se van a poder utilizar aviones públicos para traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”. El diputado señaló que este antecedente forma parte de un patrón de contradicciones entre las normas que el Ejecutivo dicta y las conductas que luego despliega, en referencia al viaje de la mujer del Jefe de Gabinete a los Estados Unidos en el avión presidencial.
Pero esta no fue la única reacción. La diputada Florencia Carignano, también de Unión por la Patria por Santa Fe, publicó en redes sociales un video del espacio intervenido y criticó el uso del dinero. El legislador socialista Esteban Paulón también rechazó públicamente la medida. Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade presentó una nota formal ante Menem para reclamar información sobre quién autorizó el ploteo, quién solicitó la intervención y de dónde provienen los fondos utilizados, con encuadre en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública Nacional.
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Desde LLA le restaron trascendencia al reclamo de la oposición señalando que cada legislador puede decorar su espacio como crea conveniente y que el costo de contratación y colocación del ploteo fue costeado con fondos de diputados del bloque, no de la Cámara de Diputados.