A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado aseguró que existen vínculos entre “los servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio” con el magnicidio del fiscal.
Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.
Con respecto al caso de su ex esposo, la jueza federal sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”.
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“Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio. Hay trascendidos sobre sus autores materiales, que sostienen una vinculación con los servicios de inteligencia que operan hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con funcionarios públicos del actual gobierno”.
La causa se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman. Encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas.
La hipótesis central de la Justicia sobre el homicidio apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal (cuatro días antes de morir) contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, funcionarios y otros acusados por supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.
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En este marco, el objetivo de la Justicia es esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército que, según se logró determinar, estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, antes del hallazgo del cuerpo del fiscal con un disparo en la cabeza en el baño de su casa en las torres Le Parc, en Puerto Madero.
Hasta el momento, el único procesado es el técnico informático Diego Lagomarsino. Está señalado como supuesto partícipe en su rol de dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo. En un primer momento, dijo que fue el propio fiscal quien lo llamó y se la pidió prestada; sin embargo, la investigación logró comprobar que la primera comunicación provino de Lagomarsino.
Corrupción y justicia
Durante su intervención, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado también abordó los principales desafíos de la justicia frente a la evolución de los delitos en la era digital y la expansión del crimen organizado. Así, señaló que la “virtualidad intensificada en post pandemia transformó la realidad” y planteó la necesidad de adaptar el sistema judicial a estos cambios, advirtiendo que hoy “se delinque y se maneja el poder” virtualmente.
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Por esto mismo, sostuvo que las “instituciones que heredamos y que integran los poderes no están funcionando adecuadamente”, ya que fueron concebidas para contextos anteriores y no para enfrentar los retos actuales de la tecnología y el delito virtual.
Entre los ejes principales, denunció que personas privadas de libertad disponen de teléfonos celulares en el ámbito carcelario, lo que les permite continuar cometiendo delitos mientras cumplen condena. Ante este fenómeno, trasladó al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, la propuesta de que la reforma del código penal contemple la privación de la “libertad virtual”, no solo la física.
A su vez, mencionó el avance del narcotráfico, la corrupción estructural y el terrorismo fueron señalados como amenazas convergentes que ponen en jaque a las instituciones. Según Arroyo Salgado, “la justicia argentina arrastra una deuda y la muestra de eso es su incapacidad de investigar delitos del crimen organizado”.
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Sobre la corrupción, indicó que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”, enfatizando que la corrupción no es solo un flagelo institucional, sino un fenómeno social que involucra a distintos actores.