El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) dio inicio esta mañana el juicio contra Leonardo Airaldi. Está previsto que declaren 52 testigos de las dos causas.
Una comenzó en Paraná en 2019 y tuvo sus frutos en 2024. En esa enfrenta cargos de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico. La otra data de 2022 en Santa Fe. El cargo es almacenamiento de estupefacientes. Lo encontraron con 30 kilogramos de cocaína.
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El TOF, integrado por Noemí Berros; Emilce Rojas y José María Escobar Cello, abrió la audiencia pasadas las 10. El primer tramo del juicio corresponderá a la lectura de las requisitorias fiscales y a resolver cuestiones preliminares.
El fiscal federal José Ignacio Candioti será quien tenga la responsabilidad de acusar a Airaldi. No es un dato menor. Candioti era una de sus posibles víctimas. Según el plan criminal que obra en la investigación paralela, el fiscal sería ejecutado en Punta del Este. Para ello, el capo narco habría pagado 40 mil dólares a un sicario en Uruguay.
Habida cuenta del contexto, Diego Iglesias, el titular de PROCUNAR (la fiscalía contra la narcocriminalidad) llegó para acompañar a Candioti. Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) dejaron trascender que la presencia del funcionario se corresponde con la idea de dar una señal institucional fuerte de respaldo al fiscal federal de Paraná. “Que se entienda: el MPF es uno solo”, comentó una alta fuente del organismo a este medio.
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En la sala de audiencias y en la antesala había una moderada presencia de fuerzas de seguridad. Había dos agentes de Prefectura respaldados por al menos cinco integrantes del Servicio Penitenciario provincial.
Dónde está el principal acusado
Airaldi siguió por videoconferencia las alternativas de la primera jornada del juicio en su contra. El Servicio Penitenciario Federal lo ubicó en un salón acondicionado de la cárcel de Ezeiza. Allí dispuso de una computadora y auriculares. Está en la unidad de máxima seguridad desde el sábado.
Llegó a ese establecimiento con el rótulo de preso de alta peligrosidad. El título se lo ganó después de que trascendiera su presunto plan criminal. Antes, llevaba acumulados casi dos años de prisión preventiva en el Pabellón E de la cárcel provincial de Gualeguaychú.
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Airaldi permanecerá en Ezeiza hasta el fin del juicio por narcotráfico, al menos. En dos semanas deberá comparecer ante el TOF en persona. Eso implica que tendrá que ser trasladado a Paraná y regresar cuando termine el procedimiento.
El acusado es un exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante. En su momento, el cargo gremial le valió un alto grado de exposición pública.
En los expedientes elevados a juicio están comprometidas otras personas. Su pareja, Jimena Burne, era una de ellas. Enfrentaba la acusación de ser asistente y colaboradora de actividades ilícitas. Pero la mujer optó por un juicio abreviado.
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Para evitar el proceso oral y público Burne aceptó una probation que el TOF convalidó. A cambio deberá cumplir con una serie de medidas. Entre ellas, completar la educación secundaria, seguir el tratamiento psicológico, realizar tareas comunitarias y concretar donaciones por $1,2 millones en cuotas.
Cómo se develó la trama de los posibles atentados
Daniel “Tavi” Celis, otro capo narco condenado y alojado en Gualeguaychú, fue quien reveló a las autoridades el complot que Airaldi habría pergeñado. Además de Candioti, dijo que estaban en la mira el juez federal Leandro Ríos y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.
Otros dos internos respaldaron luego sus dichos. Las declaraciones no se hicieron bajo el sistema de testigo protegido. Las exposiciones se efectuaron con nombre y apellido. El fiscal federal Pedro Rebollo estuvo a cargo de recibirlas. El funcionario abrió un caso en el que interviene también el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.
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Celis tiene sobre sus espaldas una condena por narcotráfico. Su nombre llegó a la escena nacional años atrás debido a su vinculación con el exintendente de Paraná, el radical Sergio Varisco. En la causa conocida como “narcomunicipio” se ventiló cómo el capo narco había financiado la campaña electoral del dirigente. En retribución, habría recibido prebendas como contratos para su banda y uso de elementos públicos.
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