El Gobierno de Salta introdujo la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos tras la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del gobernador Gustavo Sáenz. El anuncio, realizado en el Centro Cívico Grand Bourg, se presenta como un giro en la dinámica institucional local y plantea nuevas reglas para quienes ejercen la función pública. La medida abarca desde el propio mandatario hasta los aspirantes a ingresar al Estado provincial, y establece consecuencias concretas ante la presencia de sustancias prohibidas.
La vocera del Gobierno provincial, Ana Paula Benavides, detalló que el decreto alcanza a los tres poderes del Estado y no deja margen para excepciones. En el Poder Ejecutivo, la exigencia recae sobre el gobernador, el vicegobernador, ministros y secretarios.
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En el Poder Legislativo, se incluye a senadores y diputados. El Poder Judicial y el Ministerio Público también quedan alcanzados, junto con intendentes y concejales en el ámbito municipal, entes autárquicos y organismos de control. En todos los casos, la obligatoriedad se extiende a quienes aspiren a ingresar a la administración pública, como en áreas de salud, seguridad y educación.
La normativa establece que los exámenes se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva, directamente en los lugares de trabajo. Los controles buscarán detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas. El Gobierno aseguró que el procedimiento respetará la privacidad de los involucrados y el derecho al debido proceso, incluyendo la posibilidad de solicitar contrapruebas en laboratorios habilitados.
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La vocera Benavides explicó que el DNU fue precedido por una reunión con legisladores provinciales de diferentes bloques políticos y que se fundamenta en la necesidad de reforzar la idoneidad y la aptitud moral de quienes ocupan cargos públicos. “Se busca que, a través de análisis sorpresivos y aleatorios, se pueda constatar que las personas que ocupan cargos públicos tengan la aptitud física y psicológica necesaria para estar en el lugar que ocupan”, remarcó Benavides en diálogo con El Tribuno.
El decreto también es contundente respecto a las consecuencias. De acuerdo con la información difundida por el gobierno salteño, la negativa injustificada a realizarse el examen toxicológico se considerará automáticamente como resultado positivo. En caso de resultados confirmados, quienes ya ocupen cargos enfrentarán la remoción del puesto o la activación de mecanismos de juicio político y destitución, según corresponda. Para los aspirantes, un resultado positivo impedirá el acceso a la función pública.
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El Ejecutivo provincial subrayó que la función pública debe entenderse como “una responsabilidad institucional” y no como un privilegio, y que la gestión requiere “decisiones firmes, aun cuando estas generen incomodidad dentro del propio sistema político”. El mensaje oficial sostiene que la medida reafirma el compromiso con la transparencia real y con la idoneidad como obligación para ejercer cargos públicos, citando la necesidad de una “aptitud moral e integridad física y psíquica irreprochables”, conforme a la Constitución.
El trasfondo político de la decisión también se encuentra presente. El Tribuno recordó que, en 2025, el diputado provincial Juan Esteban Romero había presentado un proyecto de ley en la Legislatura local que proponía controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y legisladores, aunque la iniciativa nunca fue tratada en el recinto.
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Tras la firma del decreto, Romero valoró la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la medida ante la falta de tratamiento legislativo. “Dentro del Estado no puede haber ningún vínculo con las drogas, y quienes ejercen responsabilidades públicas deben dar el ejemplo”, sostuvo el exlegislador.
El Gobierno de la Provincia de Salta señaló que la decisión responde a una demanda social por mayor transparencia y control sobre quienes ocupan cargos públicos. La obligatoriedad de los exámenes toxicológicos se presenta como una herramienta para fijar límites claros en el ejercicio del poder y establecer reglas comunes para todos los estamentos estatales.
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Desde la administración de Sáenz precisaron que aún restan detalles operativos por definir, como la periodicidad de los exámenes, los organismos responsables de los controles y los protocolos específicos ante resultados positivos. De todas formas, la decisión ya impactó en la agenda institucional de 2026 y reinstaló el debate sobre integridad y control en la función pública.