El reclamo de los familiares de las víctimas por la masacre vinculada al fentanilo adulterado marcó el tono de la segunda reunión de la Comisión Especial Investigadora. Durante el encuentro, los allegados de quienes perdieron la vida insistieron en que los diputados asuman la investigación con la misma urgencia y dolor que si se tratara de sus propios seres queridos, exigiendo respuestas concretas y señalando la responsabilidad de las autoridades nacionales en el control de la sustancia.
En la sesión, que tuvo lugar al mediodía, participaron familiares de las víctimas, entre ellos miembros de la familia Ayala y de la familia Oviedo. Ambos grupos coincidieron en rechazar la calificación de “tragedia” para lo ocurrido, insistiendo en que se trató de una “masacre”. Uno de los familiares expresó ante los legisladores: “No queremos que trabajen con solidaridad, sino con el dolor que nosotros llevamos”, en un pedido directo para que la comisión actúe con empatía y compromiso.
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A lo largo de la reunión, los familiares tomaron la palabra de manera sucesiva. Aunque algunos discursos resultaron más estructurados que otros, todos compartieron la sensación de no estar preparados para enfrentar esa situación y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación. La molestia de los presentes se dirigió especialmente hacia el oficialismo, a pesar de que la creación de la comisión contó con el voto unánime de todos los bloques. En particular, los familiares criticaron el silencio del ministro de Salud, Mario Lugano, y reclamaron su presencia en la comisión. “Lugano se está borrando, debería estar acá. Le pedimos a la comisión que lo cite”, exigieron durante la sesión.
La diputada Mónica Fein, presidenta de la comisión, informó a los asistentes que hasta ese momento no se había citado a ningún funcionario y que la decisión sobre las convocatorias se resolvería en las próximas horas. No obstante, las críticas continuaron y se centraron en la diputada del PRO, Silvana Giudici, a quien acusaron de utilizar políticamente las fotografías tomadas junto a los familiares de las víctimas. La legisladora intentó defenderse, pero la intervención de la hermana de uno de los fallecidos la refutó al afirmar que Giudici apoyaba “a un gobierno que recorta y nos deja sin los controles”.
Entre las próximas acciones previstas por la Comisión Especial Investigadora, que tiene mandato hasta el 9 de noviembre, figura una reunión con el juez Ernesto Kreplak, responsable de la causa judicial. Según anticipó Fein, el encuentro con el magistrado está programado para el jueves a las 10:30, con el objetivo de que explique el estado actual del expediente.
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La comisión volverá a reunirse el próximo martes. Sin embargo, el diputado Pablo Juliano tomó la palabra y solicitó dos cosas: la primera tenía que ver con la posibilidad de reunirse más de una vez por semana. “Estamos en campaña y estamos debatiendo el presupuesto, pero es un tema muy importante”. El segundo de los pedidos tiene que ver con que los familiares participen de todas las reuniones al respecto. Es decir, que haya una representación de los familiares en cada uno de los encuentros con funcionarios judiciales o del Ministerio de Salud que vayan a tener los diputados.
La investigación judicial, aún abierta, computa 87 personas fallecidas. En las últimas semanas también se hizo referencia a otros nueve casos de personas fallecidas que podrían haber sido como consecuencia del uso del opiáceo sintético infectado con bacterias.
La pesquisa judicial busca determinar quiénes fueron los responsables de la contaminación. Las sospechas de los investigadores se centran en 24 personas que se desempeñaban en los laboratorios involucrados, Y ya hay varios detenidos, empezando por sus dueños, el empresario Ariel García Furfaro y su socio Jorge Salinas.
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