La sesión que realizó el Senado el jueves último significó otro golpe opositor a la Casa Rosada, tras el rechazo al veto presidencial de la ley que reparte -de forma diaria y automática- Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuya definición pasó a Diputados. Con su jefa en prisión domiciliaria y manejo a control remoto de su espacio -e influencia sobre otros-, el cristinismo también dejó sin quorum el convite en el recinto, algunos de sus enemigos se quedaron con las manos vacías y, por sobre todas las cosas, se cumplió un objetivo a favor de Máximo Kirchner: frenar modificaciones al sistema de Manejo del Fuego que el Congreso sancionó durante la gestión de Alberto Fernández.
Durante el convite de días atrás, el primer “gesto cariñoso” del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans, fue hacia el peronista disidente y contrincante de larga data Juan Carlos Romero. Como el experimentado salteño estuvo ausente, los soldados de Cristina Kirchner no tuvieron mejor idea que posponer la implementación -por ley, en vez del decreto vigente- del mecanismo de Alerta Sofía, junto a unos agregados. Es decir, lo que se activa ante desapariciones de menores.
“Me gustaría que se reserve porque, seguramente, él quiere fundamentar su proyecto. Que se reserve para su posterior tratamiento, porque la verdad es que sería una pena que el autor del proyecto, como no está presente, no pueda fundamentar lo que es de su autoría”, lanzó Mayans, según consta en la versión taquigráfica. Detrás del aparente “gesto” de esperar a Romero y pese a ser una iniciativa que obtendría unanimidad, al menos cuatro senadores reconocieron a Infobae que la acción fue ejecutada para exponer al salteño. Nadie de la UCR, el PRO e incluso de su propio espacio -Provincias Unidas- salió a defenderlo.
Sobre el final de la sesión, el elegido por el Frente de Todos fue el libertario Francisco Paoltroni, quien busca -sin atisbo audacia alguna- ser el rival provincial de Mayans en la Cámara alta. Como líder de la comisión de Relaciones Exteriores, el -de nuevo- oficialista quiso explicar rápido dos convenios para evitar una doble imposición tributaria y prevención de evasión con Francia y Austria. Quien alertó por la falta de quorum -además, su bancada se iba a abstener, lo que implicaba terminar en el mismo lugar- fue la cristinista bonaerense Juliana di Tullio. Quien presidía era el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que dio por caída la reunión.
El último ítem del cónclave del jueves pasado era el del fuego. Quien empuja el tema es el ahora silencioso macrista Alfredo De Ángeli, el jefe del PRO en la Cámara alta. La queja principal es que el articulado vigente desactiva por décadas el uso de tierras incendiadas.
Mientras que la oposición senatorial ya direcciona la lupa hacia el jueves 2 de octubre, con el fin de rechazar los dos vetos del Ejecutivo a las leyes que declaran la emergencia pediátrica -hospital Garrahan de emblema- y la que blinda presupuestos de universidades públicas, la corriente semana servirá para continuar otros debates en comisiones. Por caso, la bicameral del Niño -bajo el manejo desprolijo de la diputada radical Natalia Sarapura- intentará definir candidatos para elevar a ambas Cámaras, con un concurso que levanta sospechas y postulantes que se dedican hace décadas a la temática y quedarían, de manera más que llamativa -aunque no sorprendente-, fuera de carrera.
En tanto, mañana se juntará otra bicameral, la mixta Revisora de Cuentas. Es el enlace parlamentario con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -a posteriori- de los gastos del Estado que preside el justicialista y filo K -según la época- Juan Manuel Olmos. Lo hace en soledad debido a que el Congreso aún no consensuó los auditores y, a esta altura, queda clara la ineficiencia para completar esto junto a otras vacantes, así como proyectos o iniciativas que, por arte de magia, salen del radar.
Para el miércoles se aguarda un eventual avance de un texto ya aprobado por Diputados para actualizar algunas secciones del régimen penal tributario.