Las organizaciones piqueteras de izquierda, encabezadas por el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), junto con los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), confirmaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 17 de septiembre. La movilización, convocada también por trabajadores del Hospital Garrahan, docentes, estudiantes y distintos sectores vinculados a la salud y la educación pública, se enmarca como la tercera protesta masiva en defensa del financiamiento universitario y prevé una amplia participación.
El eje de la convocatoria apunta a rechazar los vetos presidenciales sobre leyes que, según sus impulsores, resultan fundamentales para garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y la estabilidad financiera de las universidades nacionales. “El pueblo en la calle decide”, destaca la convocatoria de la UTEP. Allí se recuerda que la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, vetada por el Ejecutivo, contemplaba mejoras salariales para el personal profesional, exención del Impuesto a las Ganancias para horas extras y guardias, incremento del presupuesto del hospital y continuidad en las residencias y la formación profesional. La consigna que articula el reclamo es clara: “Nuestro futuro no se veta”.
Referentes del sector salud sostienen que la marcha convocada para mañana constituye una respuesta urgente ante la reducción del financiamiento público. Advierten que los presupuestos hospitalarios sufrieron un recorte estimado entre el 30 y 40% desde la asunción de La Libertad Avanza.
En el Hospital Garrahan, los trabajadores describen un escenario complejo. Alertan sobre la pérdida de personal, la renuncia de especialistas y dificultades crecientes para sostener la atención pediátrica de alta complejidad, en un contexto de salarios que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica.
Desde la UTEP, su secretario general, Alejandro Gramajo, declaró: “Vamos a movilizar, como lo hicimos en cada jornada de lucha de estos 18 meses de gobierno, frente a la motosierra y el ajuste sobre los más humildes, la educación y la salud pública. Son conquistas de nuestro pueblo y por eso vamos a estar presentes”.
Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, agregó: “Estamos convencidos de que el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires es fruto de la lucha y de la bronca acumulada por problemas no resueltos. En este escenario, profundizaremos la resistencia y abriremos el debate con todos los sectores para construir una salida a la crisis que atraviesa el gobierno, poniendo en el centro la resolución de los problemas que arrastramos hace años y que esta gestión agravó”. La Cámara de Diputados convocó una sesión especial para el miércoles, coincidiendo con la jornada de protesta, con el objetivo de tratar la posibilidad de rechazar los vetos presidenciales. Si el Congreso avanza en ese sentido, podría insistir en la sanción de las leyes vetadas y reabrir el debate sobre los fondos destinados a salud y educación.
El Gobierno, por su parte, justificó los vetos en la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal, mientras que los sectores movilizados plantean que el recorte de recursos en salud y universidades implica comprometer la inversión social y cerrar oportunidades para los sectores más desfavorecidos.
Ante esto, Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, remarcó la convocatoria nacional con el objetivo de rechazar los vetos presidenciales. “Este miércoles salimos a las calles en todo el país para decir no a los vetos de Javier Milei”, afirmó.
Saravia expuso además irregularidades en el manejo de la asistencia social y alimentaria al señalar: “Mediante un pedido de acceso a la información pública se confirmó que no existió auditoría alguna sobre los comedores populares; al mismo tiempo, se procedió al secuestro de alimentos, se recortaron los fondos destinados a abastecer los comedores y se estigmatizó a las organizaciones sociales con denuncias sin sustento. El Gobierno desfinancia instituciones que son el orgullo de la sociedad argentina, como el Hospital Garrahan y las universidades públicas”.
En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional de Salud el 17 de septiembre, acompañado por una movilización al Congreso en coincidencia con la marcha federal. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente al describir el escenario: “No se puede ajustar sobre la salud y la educación; recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal. Avanzamos hacia una Argentina en la que solo quienes tengan plata podrán curarse y estudiar, y quienes no, quedarían excluidos”.
Según Aguiar, el conflicto no responde a criterios técnicos sino a una definición política sobre el rol del Estado, en un debate que atraviesa la garantía de derechos esenciales y la mercantilización de servicios básicos.
Desde el sector piquetero, Alejandro Bodart, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), se sumó al respaldo a la protesta y señaló: “Este miércoles es una obligación para quienes queremos un país más justo y solidario acompañar a los trabajadores del Hospital Garrahan y a los estudiantes y docentes universitarios. Hay que exigir a los diputados que dejen sin efecto estos vetos del gobierno de Javier Milei, que están destruyendo la salud y la educación pública”.
Desde el ámbito educativo, los representantes universitarios advierten que los vetos implican un fuerte desfinanciamiento. Señalan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la reducción de becas, el deterioro de la infraestructura y la creciente incertidumbre operativa que afecta el normal funcionamiento de las casas de estudios superiores.
La marcha tendrá su concentración central frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 17:00. Está previsto que a las 18:00 se realice un acto principal con la participación de oradores de universidades, sindicatos y el sector sanitario. El evento se presenta como una instancia clave para medir la respuesta social frente al ajuste impulsado por el Gobierno en salud y educación, en un contexto atravesado por la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Más allá de los anuncios oficiales sobre el Presupuesto, lo que se discute es la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales, proteger derechos y asegurar igualdad de oportunidades. Los sectores movilizados advierten que, si los vetos se mantienen, las consecuencias trascienden lo inmediato: universidades sin funcionamiento pleno, hospitales pediátricos con menor capacidad de atención y pacientes directamente afectados.
La decisión de los movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de sumarse a la convocatoria universitaria y sanitaria se tomó tras un encuentro con el Frente por la Soberanía, el Trabajo y el Salario, del que participaron la UTEP, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otras organizaciones.