Autoridades de la UBA anunciaron este jueves que la casa de altos estudios iniciará un “plan de restricción” a raíz del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Además, convocaron a los diputados a que rechacen la medida de la Casa Rosada y, en paralelo, anunciaron una movilización para que se realice el mismo día del tratamiento.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci, encabezaron una conferencia de prensa en el Consejo Superior del Rectorado, donde brindaron un diagnóstico sobre la situación de la institución.
“Vamos a comenzar con un cambio en los horarios de poner las luces para que se gaste menos, cambios normales que hacen que bajemos el gasto y nos permite seguir trabajando como hasta ahora”, detallaron entre las medidas. Además, reconocieron que se bajaron las becas de investigación y que existen problemas para el mantenimiento edilicio. “Estamos funcionando pero estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, agregaron.
Gelpi alertó que “la falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”.
“Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año. Como dijimos anteriormente, la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina”.
Además, recordó la importancia que tiene la UBA en los rankings internacionales y agregó: “Apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.
“Necesitamos también que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto que establezca parámetros de previsibilidad que evite la discrecionalidad para el 2026. Todos los problemas que atravesamos derivan de estar por segundo año consecutivo con presupuesto prorrogado”, agregó otra de las autoridades.
También mencionaron “la caída salarial atroz donde los docentes y no docentes están renunciando a las universidades, donde tenemos que estar buscando a nivel científico, a nivel educativo, aquellos docentes y nodocentes para ese futuro de, de la universidad. Indudablemente, si seguimos en este camino no hay futuro de la universidad, no hay futuro de nuestro país. Y esto es lo que realmente pasó ayer“.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso ayer el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles. La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.
Tras la firma de Milei para vetar la ley, los gremios docentes convocaron a un paro nacional para el próximo viernes 12 de septiembre. La medida de fuerza de 24 horas fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA.
Los sindicatos también informaron que organizarán una nueva Marcha Federal el día en que el Congreso trate el veto. En paralelo, la oposición evalúa convocar a una sesión especial el próximo miércoles para insistir con la sanción de la norma.
De acuerdo al comunicado difundido por el gremio, el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. Además, mencionaron la preocupación por la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios. Dirigentes gremiales advirtieron sobre el déficit presupuestario que enfrentan las universidades, el deterioro en las condiciones laborales y el riesgo para el normal funcionamiento del sistema educativo.