En el seno del Instituto Patria se debate por estas horas una estrategia que podría cambiar el escenario electoral: la postulación de Cristina Kirchner como candidata en la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, aun a pesar de la confirmación de su condena por corrupción en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La propuesta se basa en una interpretación constitucional que enfatiza la primacía del derecho a elegir y ser elegido como fundamento de la democracia. Según plantea un informe al que tuvo acceso Infobae, la sentencia que condena a CFK no implica de manera directa la prohibición absoluta de su postulación, debido a que el derecho al sufragio en sus dos dimensiones —activo y pasiva— está protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por el país. En este sentido, se destaca que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a votar y ser elegidos mediante procedimientos auténticos de sufragio.
Para sostener esta postura, un sector del kirchnerismo recopiló algunos antecedentes a partir de los cuales establece que los derechos de votar y ser elegido forman un todo indivisible. Es decir, son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, entienden que la habilitación para votar habilita, en simultáneo, el derecho a postularse para un cargo electivo, bajo el principio de indivisibilidad de los derechos políticos.
Por ejemplo, señalan que en 2002 la Corte Suprema avaló el derecho al voto de personas procesadas que se encontraban privadas de la libertad, consolidando el criterio de amplitud en el ejercicio de los derechos electorales. Asimismo, en 2016, la Cámara Nacional Electoral resolvió que diversas restricciones del Código Electoral y del Código Penal resultaban inconstitucionales por limitar el derecho político antes de la confirmación de una condena firme. Estas decisiones se consolidan en la doctrina del sufragio como derecho fundamental.
En esa misma línea, el informe menciona dos casos del año 2007, cuando la Suprema Corte bonaerense analizó la razonabilidad de los requisitos para ser candidato a gobernador y decidió favorecer el acceso al derecho a ser elegido en los casos de Francisco De Narváez y Daniel Scioli. Estas decisiones apuntan, según un sector del kirchnerismo, a consolidar una doctrina que habilita la postulación de personas cuyas circunstancias particulares se encuentren en debate jurídico.
También citan al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien en su Tratado de Derecho Constitucional (Tomo 1 – Segunda edición actualizada, Pág. 630) afirma que la proscripción política resulta incompatible con el orden jurídico argentino. “La muerte política, que conlleva la imposibilidad de ejercer los derechos de asociación, de reunión, de petición y los electorales, practicados conforme a las propias preferencias, es incompatible con nuestro Orden Jurídico Fundamental, por resultar contraria al citado art. 37 de la Constitución Nacional y el art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, sostiene Rosatti en su obra.
“El excesivo rigorismo de la ley electoral, estableciendo restricciones al ejercicio de los derechos electorales, se encuentra en flagrante contradicción con los principios constitucionales nacionales e internacionales mencionados y el fallo de la CNE mencionado precedentemente”, concluye el informe que circula por el Instituto Patria.
En base a este planteo, en un sector del kirchnerismo entienden que si la Justicia Electoral la autoriza, Cristina Kirchner podrá ser candidata, pero no asumir el cargo. “Si no la autorizan, tendrá su certificado de proscripción”, sintetizaron.
La estrategia podría ser planteada formalmente este sábado en el Congreso del PJ bonaerense en Merlo.