Este miércoles, el Gobierno nacional dispuso la transformación y reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA), a la vez que oficializó la fusión entre el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
La medida fue confirmada esta madrugada, luego de que se publicara el Decreto 396/2025 en el Boletín Oficial. De esta manera, el INA dejará de funcionar como organismo descentralizado, para ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Por otro lado, la combinación entre el INPRES y el SEGEMAR se efectuará a través de una transferencia de las competencias, obligaciones, personal y bienes que integraban al ex organismo descentralizado de la Secretaría de Obras Públicas.
No obstante, las autoridades aclararon que la organización permanecerá así hasta que “se aprueben las estructuras correspondientes”. Asimismo, indicaron que el organismo tendrá un solo titular que será asignado por el presidente Javier Milei y que deberá estar a cargo de confeccionar la nueva estructura organizativa del SEGEMAR.
Además de introducirse modificaciones en las leyes y decretos vinculados al funcionamiento de estos organismos, se estableció que el personal de ambos ex institutos conservarán sus cargos, hasta que se confirmen la nueva organización interna.
Por otro lado, las autoridades determinaron que los titulares de los entes deberán informar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) todos los bienes muebles e inmuebles, flota y maquinaria para su potencial reasignación o disposición. Asimismo, otro informe sobre los bienes inmuebles deberá ser presentado ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE).
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que las modificaciones se encuentran relacionadas con la búsqueda de achicar el Estado, reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de los diferentes organismos públicos, las cuales fueron expresadas en la Ley N° 27.742, conocida popularmente como “Ley Bases”.
Luego de recordar que la aprobación de la norma implicaba la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, indicaron que la misma facultaba abría la posibilidad de modificar, eliminar y reorganizar los órganos y organismos que conformar a la Administración nacional.
Al señalar que la decisión fue producto de una evaluación realizada sobre el funcionamiento de los entes públicos, las autoridades argumentaron que la transformación del INA y el INPRES tiene la finalidad de “garantizar una mayor coordinación en la gestión de las políticas vinculadas con la administración de los recursos públicos y la promoción de una gestión más ágil y centralizada”.
De acuerdo con los resultados expuestos en el decreto, se relevó un total de 111 organismos desconcentrados y descentralizados que se encontraban en funcionamiento, entre ellos 40 desconcentrados y otros 71 que eran descentralizados. Además, indicaron que había un total de 477 unidades organizativas dependientes de estos entes estatales.
En línea con esto, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público expuso que hubo un “incremento sustancial” en la contratación de empleados, ya que en 2010 se habían registrado 35.481 agentes y para 2024 la cifra había ascendido a 88.905.
Por este motivo, las autoridades consideraron que las funciones del INA podían “ser desarrolladas con igual grado de eficacia, rigor y profesionalismo desde la Administración Pública Nacional centralizada, mediante mecanismos adecuados de gestión y control presupuestario”, sin que esto tuviera algún tipo de consecuencia en la eficiencia de las tareas.
De la misma forma, indicaron que la fusión entre el INPRES y el SEGEMAR permitiría lograr “mayor eficiencia administrativa y funcional”, debido a que ambos organismos compartirían campos de estudios “vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios”.
“Permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales”, consideraron al remarcar que podrían profundizar en la planificación de políticas territoriales y de gestión de emergencias.