La progresión del conflicto con los médicos residentes en el hospital Garrahan por los escuálidos salarios que les paga el Ministerio de Salud tomó mayor fuerza en los últimos días y se sumó a otros frentes de problemáticas sociales nacionales en las que tiene directamente responsabilidad el Gobierno, que en todos los casos ofrece como respuesta la denuncia por irregularidades en las áreas, el endurecimiento de la postura -a veces con agresiones- y, en ciertos casos, ofertas de resoluciones sobre el límite o a cuentagotas.
El viernes por la noche, en Gobierno estuvieron a punto de recular frente a la insistente protesta de los médicos en formación del hospital pediátrico. Milei había admitido que el problema era “delicado”, para luego vincularlo, exclusivamente, con una cuestión de exceso de empleo público -por “los ñoquis” del hospital- y con la herencia del kirchnerismo. Y en Salud habían dejado trascender que descontarían las horas de paro, los echarían o pondrían en riesgo la aprobación de las residencias, en una suerte de amenaza si no frenaban las medidas de fuerza.
El maltrato pareció terminar hacia la noche, cuando dejaron trascender que la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, había grabado un mensaje para anunciar que les aumentaría el sueldo a los residentes hasta equipararlo con el de sus pares que dependen de la ciudad de Buenos Aires -de $700.000 a $1.300.000-. Efectivamente, en su entorno dejaron saber que lo publicaría esa misma noche, pero al final, el giro no se concretó.
En la cartera no dieron explicaciones sobre el cambio de rumbo, pero aseguraron que el anuncio “va a salir”, sin dar fechas específicas. Según pudo reconstruir Infobae, el replanteamiento oficial fue político. El plan inicial era anunciar el aumento a través de las redes del ministerio, en la voz de Loccisano, vocera política del silencioso ministro Mario Lugones. Pero al final, una orden obligó a recalcular: decidieron que los fondos para compensar el sueldo sean asignados por el propio hospital (hoy, el encargado de hacer esos pagos es el ministerio, no el centro de salud, como ocurre con el resto de los trabajadores sanitarios). El oficialismo quiso evitar que el anuncio saliera por los canales oficiales de la cartera para que no pareciera que el ministerio estaba asignando un presupuesto mayor al que estipula la política paritaria.
Si bien fuentes oficiales confirmaron que la recomposición de ingresos se hará con fondos del Garrahan, aún no está claro el mecanismo jurídico que usarán para implementar el cambio, y si se tratará de una erogación parcial o total.
Los problemas con el servicio de atención de salud de los niños y niñas se suma a a otros frentes sensibles que dependen de la Nación, como la insistente protesta de jubilados frente al Congreso cada miércoles; el conflicto por las pensiones para personas con discapacidad y los fondos para las universidades públicas.
En cada caso, el modus operandi del Gobierno para desactivar los conflictos es enfocarse en las irregularidades de las áreas que reclaman para sepultar ante la opinión pública la legitimidad de las protestas. Aunque esas irregularidades no representen la totalidad de cada situación ni significan que haya un reclamo legítimo paralelo a manejos espúreos, en casi todos los casos la táctica fue efectiva.
En el Garrahan enfatizaron en la cantidad de empleados públicos por cada médico. En el sector universitario denunciaron el mal uso de los fondos asignados y lograron bajarle el nivel de indignación en la sociedad al reclamo, aunque no pudieron evitar dos masivas marchas. Y lograron desactivar la atención sobre el tema de los ingresos de los adultos mayores, e incluso desestimar el reclamo, con acusaciones sobre los infiltrados en las marchas.
Mientras, se multiplican las quejas por el manejo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y esta semana hubo una manifestación para denunciar un empeoramiento de la crisis que viene desde hace años por mala gestión de los distintos gobiernos, que se agravó con recientes ajustes económicos. Pero la respuesta del Gobierno es nula. Y en cada ocasión en que se discute el presupuesto del Andis, alude a las irregularidades que arrastra el organismo.
La opinión pública está harta de “los curros”. En el Gobierno lo saben, y no los preocupa la incidencia de las protestas por temas complejos en la percepción sobre la gestión. “No estábamos preocupados entonces, no lo estamos ahora”, aseguraron.
Mientas siguen las marchas de jubilados y la oposición prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto para financiar a las universidades -que tiene sin cuidado a los libertarios, según dijeron a Infobae-, en el Gobierno se resguardan en todos los casos en acusaciones sobre la politización de cada señalamiento y en las faltas en esas organizaciones. En el Garrahan no fue la excepción, aunque parecería que esta vez darán el brazo a torcer con los apenas 241 médicos en formación que cobran por debajo de la línea de pobreza y reclaman desde el inicio de la gestión aunque sea tener un salario acorde al de sus pares de la Ciudad.