La provincia de Buenos Aires acaba de tomar una medida que tendrá alto impacto sobre los fondos millonarios que se recaudan a diario por las multas en todo el territorio bonaerense. El ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, ordenó una auditoría de las cuentas bancarias de todos los municipios para determinar cómo se distribuía ese dinero entre la Provincia, los municipios, las empresas de fotomultas y algunas universidades. Según pudo saber Infobae, se investiga una maniobra para manipular los porcentajes que recibían cada una de las partes. La decisión es una consecuencia directa de la investigación judicial sobre el caso que tiene en la mira a Jorge D’Onofrio, antecesor en el cargo.
Desde este lunes, todos los Municipios comenzaron a recibir una breve nota de dos carillas para que actualicen la información sobre las cuentas del Banco Provincia donde se deposita el dinero que recauda la Provincia, los porcentajes que debería recibir cada parte, los CBU correspondientes, y la denominación de cada CBU. “Esa información se manda regularmente a través de un formulario. Comenzamos a detectar que los formularios no se cargaban en el sistema de manera correcta o que los CBU no se correspondían con los CUIT del formulario”, explicó una fuente que conoce la maniobra en detalle.
“Se requiere a usted tenga a bien informar a esta Dirección Provincial, la distribución actualizada de los fondos correspondientes, especificando detalladamente la DENOMINACIÓN e IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA de los beneficiarios, con indicación precisa de los PORCENTAJES de distribución aplicables", dice esa nota.
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Los Municipios tienen apenas 72 horas hábiles para contestar con los datos actualizados.
La Auditoría responde a la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, que acumuló varias de las causas que se abrieron en los últimos meses. El principal imputado es el ex ministro D’Onofrio, pero también hay otros ex funcionarios de su gestión.
Durante la investigación judicial, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas: esa maniobra involucraba a un grupo de ”gestores”, que ofrecían “descuentos” de hasta el 50%, y a varios jueces de Faltas.
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Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT).
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios.
La Auditoría del Ministerio apunta a la distribución de los fondos obtenidos por las multas. En la práctica, los municipios reciben entre 24 y 30% por cada infracción, la Provincia un 20%, y el resto de los ingresos se reparte entre fundaciones y universitarias contratadas para operar el sistema, y empresas encargadas de proveer los radares.
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Los porcentajes, en cada caso, se establecen en contratos privados, que luego son informados a la Provincia. La distribución de los porcentajes suele variar a medida que pasan los años. “Las Universidades suelen cobrar más en los primeros dos años pero muchas veces esos porcentajes no se impactaban en el sistema del Ministerio”, explicó una fuente que conoce los detalles de la maniobra.
El Ministerio entregó el edificio de la polémica
Una de las irregularidades que se detectaron con el avance de la causa judicial tiene que ver con el alquiler de un edificio donde funcionaban las oficinas de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. La Justicia detectó que el inmueble, ubicado en la calle 6 entre 44 y 45 de La Plata, fue adquirido en 2024 por la empresa Mobmenza Desarrollos SRL, creada apenas 24 horas antes por una empleada doméstica y un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Los investigadores consultaron los registros de la ANSES y terminaron descubriendo, tal como adelantó Infobae, que la mujer trabajaba en la casa de Matías Desio, hermano de Sebastián Desio, el empresario beneficiado con un contrato millonario para tramitar las VTV. De hecho, los aportes de la empleada los hacía Carolina Bucchino, esposa de Matías Desio.
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El edificio está vacío hace tiempo, con una consigna policial, pero recién el martes pasado se hizo la entrega a sus dueños. El acta de ese acto administrativo lleva la firma de Bucchino, como apoderada de la empresa.