La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declarar a cuatro policías que investigaron las irregularidades detectadas en las horas posteriores al atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La principal apunta a la situación de Brenda Uliarte, ex novia de Fernando Sabag Montiel, quien se escapó de la Policía a pesar de que tenía una consiga policial. Todos deberán declarar como testigos a partir de este jueves.
Los cuatro policías citados estuvieron a cargo del sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Hace tres semanas, cuando decidió reasumir la investigación por el atentado, la jueza ya había destacado la importancia de ese legajo. Dijo que “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”.
La principal irregularidad apunta a la actuación de la Policía Federal, que dejó escapar a Brenda Uliarte dos días después del atentado. Un video, que se agregó al expediente y fue revelado por Clarín, muestra que la joven salió de un edificio ubicado en Montes de Oca al 1200, donde se juntaba la banda de los “copitos”, y no fue detenida, pese a que ya había una orden de detención vigente.
En la puerta del edificio había dos efectivos de inteligencia de la PFA. ¿Por qué no la detuvieron en el momento o la siguieron para que alguien la detenga?
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la Ciudad el 4 de septiembre de 2022, cerca de las 21 horas. “En el lapso temporal entre que Uliarte salió del domicilio hasta que fue detenida por el secretario y la custodia del juzgado, la PFA no se comunicó con el tribunal”, dijo una fuente con acceso al expediente.
Efectivamente, Uliarte fue detenida esa noche en la estación de tren de Palermo a partir de los datos que aportó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), que logró geolocalizar el celular de la joven por orden de la Justicia. Para la Justicia, esa fue otra irregularidad grave. “La PFA no fue a la DAJUDECO, donde se estaba haciendo una escucha directa del teléfono”, explicó uno de los investigadores.
La jueza Capuchetti reasumió hace tres semanas la causa por el atentado a Cristina Kirchner, donde se investiga, entre otras cosas, si hubo autores intelectuales. El expediente estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de 2022. La decisión ahora debe ser ratificada por la Cámara Federal.
Entre sus primeras medidas, la magistrada pidió una copia del sumario policial y dio muestras que en esta nueva etapa de la investigación iba a apuntar a la Policía Federal.
Para este jueves fue citada la comisario mayor Sandra Judith Carral Leiva. También declararán Mirna Edith Speranza, Roberto Méndez, y Mónica Fabiana Carracedo.
La actuación de la Federal respecto a Uliarte se suma a la polémica en torno al teléfono de Sabag Montiel. La primera fuerza que accedió a ese aparato fue la PFA, que intentó abrirlo en la sede del juzgado la madrugada posterior al atentado. El comisario Alejandro Ñamandú convenció a la jueza que la PFA tenía “personal calificado”. Pero terminaron convocando un perito, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia.
El segundo destino fue la PSA. La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, la oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio oral que el sobre con el teléfono estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido.
El último intento de abrir el teléfono ocurrió hace menos de un mes, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.
Capuchetti no descarta impulsar un nuevo intento para acceder al contenido de ese celular. “No será con la Gendarmería”, aclaró una fuente judicial. También hay nuevas medidas de prueba previstas. Todo está supeditado a la decisión de la Cámara Federal, que debe ratificar si la jueza puede reasumir la causa.