El presidente Javier Milei tiene previsto firmar en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para hacer efectiva la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el Gobierno anunció en sintonía con la decisión tomada por los Estados Unidos.
Sin embargo, si bien una vez que lo haga la medida entraría en vigencia, luego el documento deberá pasar por el Congreso, donde el oficialismo por el momento no cuenta con los votos garantizados como para que no sea rechazado.
A través de la Ley N° 13.211, sancionada 12 de julio de 1948, el país ingresó formalmente al organismo internacional al adherir a su constitución y al protocolo concerniente a la Oficina Internacional de Higiene pública.
Ambos textos habían sido suscriptos por representantes nacionales dos años antes en la ciudad de Nueva York, pero fueron ratificados recién después de su aprobación parlamentaria.
De acuerdo con lo que sostuvieron a Infobae fuentes de Casa Rosada, solamente se necesita un DNU para poder derogar esa norma y, de esa forma, el Estado ya no pertenecería más a la OMS.
Sin embargo, varios abogados constitucionalistas consultados por este medio advirtieron que, como se trata de un acuerdo internacional, su vigencia está protegida por Constitución Nacional.
El inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna establece que “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” y, por lo tanto, el proceso para dejarlos sin efecto es más complejo.
Para hacerlo, el Poder Ejecutivo debe “denunciarlos”, es decir, notificar al organismo en cuestión sobre su deseo de salir del acuerdo, “previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
En su cuenta de X, el abogado especialista en esta área Andrés Gil Domínguez remarcó que “la Organización Mundial de la Salud no contiene disposiciones expresas sobre la denuncia por parte de un Estado miembro”.
Además, la incorporación a esta entidad no está dentro de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, pero consideró que “es lógico exigir en el ámbito de los derechos humanos –como lo es la salud integral-" que se cumpla con los mismos requisitos que con aquellos que sí tienen esa condición.
“En síntesis, en la medida que se interprete que la Constitución de la OMS habilita implícitamente el retiro, para que el Estado argentino pueda ‘irse’ se requiere la aprobación previa del Congreso con una mayoría simple y la denuncia surtiría efectos a partir del año de notificada”, resumió.
De todas formas, si el Gobierno avanza con el DNU también deberá defender la decisión en ambas Cámaras, donde por el momento no cuenta con el respaldo necesario, ni siquiera de sus habituales aliados.
El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Rodrigo De Loredo, tiene previsto reunir a sus compañeros de banca una vez que se conozca la letra fina del texto, para sentar una posición.
En el Senado el contexto es todavía más complejo para el oficialismo, ya que al frente del partido está Martín Lousteau, crítico de la actual gestión y que suele votar en contra de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo.
El miércoles por la tarde, la UCR emitió un comunicado en el que manifestó su repudio “a la decisión del Gobierno Nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud” y exigió “que el Congreso Nacional trate en forma urgente este tema”.
Lo mismo ocurre en el PRO, cuyas autoridades todavía no tomaron una postura unificada respecto de este asunto, aunque el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ya se mostró en contra de la medida.
“Antes de tomar la decisión de acompañar o no, seguramente se converse con los especialistas en salud en el bloque y con los ministros del área de las provincias donde gobernamos”, explicó una fuente del partido fundado por Mauricio Macri.
A su vez, la diputada Margarita Stolbizer, que integra el espacio Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto de Resolución que acompañaron todos los integrantes de esa bancada, en el que se le solicita “al Poder Ejecutivo la revisión y reversión de esta decisión, sin perjuicio de las atribuciones que le competen en la fijación de los lineamientos de la política exterior”.
“Esta medida muestra un claro desprecio hacia la ciencia y la cooperación internacional que ha sido fundamental para enfrentar desafíos sanitarios globales, como lo fue la pandemia de COVID-19. La participación activa de la Argentina en la OMS ha permitido acceder a conocimientos, investigaciones y recursos que no solo protegen a los argentinos, sino que también nos integran en una red global de solidaridad sanitaria”, indicó en los fundamentos la legisladora de la oposición.
El rol que este organismo tuvo en la lucha contra el coronavirus fue, justamente, uno de los argumentos del presidente Milei para que el país se retirara de entre sus miembros, ya que consideró que “fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola” que implicó, a su entender, “uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia”.
A lo largo del 2024, el oficialismo tuvo que defender en el Congreso varios Decretos que firmó el mandatario nacional, con resultados distintos en cada caso.
Uno de los primeros fue el DNU 70/2023, que desreguló diferentes aspectos de la economía y terminó siendo rechazado en el Senado, pero nunca se votó en Diputados, por lo que permanece en vigencia.
Solo uno de ellos fue tratado por ambas Cámaras y dejado sin efecto: el que establecía un presupuesto adicional de 1 billón de pesos para la AFI. Fue una de las principales derrotas parlamentarias de La Libertad Avanza hasta el momento.
Actualmente, el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias, durante las cuales el Poder Ejecutivo busca que se aprueben una serie de iniciativas, como la suspensión de las PASO y los juicios en ausencia, entre otras.
En medio de estas intensas negociaciones, con final abierto para propuestas como la Ley de Quebrantos y Ficha Limpia, el oficialismo sumará otro debate que se prevé intenso.