A la espera de lo que pueda votar Diputados sobre una eventual suspensión de las PASO para el corriente año, el Senado se mantiene con poca actividad. Otra iniciativa de las sesiones extraordinarias es la ley anti mafias, que cuenta con un dictamen de mayoría algo frenado en la Cámara alta: según pudo saber Infobae, un sector de los bloques “dialoguistas” solicitó una reunión en el corto plazo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y su par de Defensa, Luis Petri, antes de adoptar una decisión final sobre el proyecto.
El pedido en cuestión tiene, como objetivo, poner sobre la mesa las sugerencias de cambios y también el despacho en minoría que empuja el cristinista Oscar Parrilli. Ambas situaciones pusieron al texto en cuestión en stand by. De hecho, casi nadie cree que la solución llegue durante el período extraordinario que el Ejecutivo convocó hasta el 21 de febrero próximo. En caso de no poder sancionar el texto en cuestión, las eventuales modificaciones implicarían un regreso en segunda revisión a la Cámara baja.
La ley fue uno de los pedidos expresos que el propio Javier Milei mencionó el 10 de diciembre pasado, cuando ofreció un discurso en cadena nacional para celebrar su primer año al frente del poder central. Allí, el primer mandatario señaló: “En materia de seguridad, no vamos a frenar hasta que nuestra doctrina de ‘el que las hace, las paga’ esté tallada en la memoria de cada delincuente. Vamos a proponer una ley de reiterancia para que los presos reincidentes paguen más caro volver a equivocarse. También vamos a impulsar una ley antimafia, a imagen y semejanza de la ley RICO, que liquidó el crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años. A su vez, haremos realidad la baja de la edad de imputabilidad, de manera que quien sea lo suficientemente maduro como para cometer un delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias”.
En concreto, la iniciativa aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Durante su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo destacó que Bullrich tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa anti mafia de Italia.
La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.
Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.
Días atrás, el proyecto sumó tensión tras las declaraciones del senador por Santa Cruz José María Carambia, “El equipo asesor aún sigue con el estudio del tema y es factible que solicite algunas modificaciones”, afirmó a este medio. Si el oficialismo decide ir a todo o nada por la sanción de la ley -sin contemplar nada de lo que plantea el cristinismo-, el legislador y su compañera de bancada, Natalia Gadano, resultarán claves junto a otros silvestres provinciales.