Con esfuerzo y cambios de integrantes en las últimas horas para no perder la posibilidad de avanzar con el tema, el plenario de las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado, que comandan los legisladores Carolina Losada (UCR-Santa Fe) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), respectivamente, firmaron esta tarde un dictamen de mayoría para la ley anti mafias. La radical mantuvo fuertes cruces con el cristinista Oscar Parrilli sobre el final del encuentro.
El proyecto en cuestión, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno libertario, ya fue aprobado por Diputados y, en su columna vertebral, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
Durante su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.
La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.
Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.
Losada versus Parrilli
El plenario de este miércoles fue exprés. Con el número justo y necesario para el quorum y dictaminar -9 legisladores de cada una de las dos comisiones-, los senadores primero pasaron a la firma de un despacho para modificar el régimen legal para el desarmado y venta de autopartes. Luego, avanzaron con una iniciativa que apunta a la regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de las mismas, que ya cuenta con el aval de Diputados. El problema ocurrió con la ley anti mafias.
A segundos de finalizarse el encuentro, Parrilli ingresó al salón Arturo Illia y solicitó a Losada que se invitaran a exponer al director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró; y al ex titular nacional de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia durante la gestión anterior, Mariano Przybylski.
“Es un placer recibirlo en noviembre”, lanzó la radical en respuesta. Tras ello, le recordó que en 2023, con Cristina Kirchner al frente del Senado, la comisión que ahora preside casi no tuvo reuniones y que una situación peor ocurrió en 2022. “Guarde las chicanas”, respondió Parrilli.
Lo más jugoso llegó sobre el final, cuando el neuquino acusó -en referencia al oficialismo y la oposición dialoguista- de tener “un tapón en los oídos”. “Ustedes no vinieron. Se trabaja acá, se terminó el Senado resguardado a los intereses de la ex Presidente, la condenada dos veces”, enfatizó Losada.
“Deje de provocar. Le gusta la televisión, no está en la televisión”, advirtió Parrilli. La santafecina no se quedó atrás y le espetó: “Le molesta la verdad, senador. Le molesta la Justicia, la República. Gracias, un placer”.
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