El legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso presentará la semana próxima un proyecto de ley “anti-Moyano” en la Legislatura porteña: busca que se impida al gobierno de la ciudad de Buenos Aires pagar indemnizaciones indebidas y también penalizar a los funcionarios que habiliten esos pagos. La iniciativa responde a la amenaza del Sindicato de Camioneros de llenar la ciudad de basura si en octubre próximo la administración de Jorge Macri no indemniza a 6.000 trabajadores del sector por el vencimiento de los contratos de recolección de residuos, que fueron prorrogados hasta 2028. La plata que está en juego por el pago de esas indemnizaciones alcanza los 200 millones de dólares, cifra es que es considerada un “despropósito” por las autoridades porteñas ya que, aseguran, el total de esos contratos es de unos 500 millones de dólares.
Así lo confirmó Del Gaiso a Infobae, que afirmó que su proyecto incluirá, por un lado, una modificación en la Ley 4003 de CABA por la cual se aprobaron las indemnizaciones a los trabajadores del acarreo en la ciudad, para que no se conviertan en un precedente para otros casos similares y, por otro, la exigencia de que esos resarcimientos sean pagados por las empresas y “no con el dinero de los contribuyentes”; en caso contrario, esas firmas no podrán contratar más en el distrito porteño. Incluso se contemplarían sanciones para los funcionarios que aprueben ese tipo de indemnizaciones como las que reclama Camioneros y que están fuera de la legislación actual.
En el caso de la exigencia a las empresas, el legislador del partido de Elisa Carrió sostuvo que apunta a reforzar los alcances de un artículo de la Ley 2095 de la ciudad, sobre Compras y Contrataciones en CABA, en la que obliga a los concesionarios de servicios a “satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión”.
“Lo que reclama Pablo Moyano es un absurdo; ni a Perón se le hubiera ocurrido considerar que están terminados los contratos de basura a los 10 años aunque se prorrogaron hasta 2028, y exigir el pago de la indemnización de los trabajadores, manteniendo la antigüedad, para que sigan trabajando”, señaló Del Gaiso. “Tenemos que tener resguardos legales para combatir esos absurdos”, agregó.
Tal como anticipó Infobae, Pablo Moyano amenazó nuevamente al gobierno porteño con “llenar la ciudad de basura” si en octubre próximo no accede a pagar unos 200 millones de dólares para indemnizar a 6.000 trabajadores de recolección de residuos, al considerar que el 1° de ese mes vencerán los contratos con las 6 empresas que brindan ese servicio en CABA.
Sin embargo, el gobierno porteño rechazará esa exigencia porque en 2020 esos contratos se prorrogaron por cuatro años, por lo que el nuevo vencimiento es el 30 de septiembre de 2028. El sindicato interpreta que aún se encuentra vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a esas 6 empresas la recolección de residuos, y advierte que incluso en caso de prórroga corresponde indemnizar a los trabajadores.
Detrás de ese reclamo sindical sigue estando la aplicación de la polémica “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. Esa “ley” no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano.
“Dado que los contratos fueron prorrogados, el reclamo no tiene fundamento puesto que la relación laboral de los trabajadores con las empresas se da en el marco de la misma vinculación contractual”, destacaron a Infobae fuentes del gobierno de Jorge Macri. Aludieron así a lo sucedido en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta prorrogó los contratos de recolección de basura hasta 2028 a raíz de las restricciones presupuestarias que ocasionó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.
La decisión del gobierno porteño es negarse pagar las indemnizaciones y resistir las consecuencias de que los Moyano le vuelvan a declarar la guerra a Jorge Macri o, en realidad, a los vecinos porteños. Ya sucedió algo similar en julio pasado cuando el Sindicato de Camioneros paralizó la recolección de residuos por la anulación del contrato para el acarreo en la ciudad, donde el gremio, según deslizaron en el macrismo, tenía empresas “amigas”. Lo mismo sucede con la recolección de residuos.
La baja de la licitación de las grúas, que el jefe de Gobierno calificó de “carísima” y “escandalosa”, fue la que provocó la protesta de los Moyano, aunque la situación laboral de los 310 trabajadores de las grúas nunca peligró: desde septiembre de 2022, esos empleados pasaron a SBASE, una sociedad del Estado porteño, en relación de dependencia y bajo el mismo convenio de Camioneros, luego de haber cobrado indemnizaciones (la famosa “Ley Moyano”, aceptada por el larretismo) de hasta 4 millones de pesos cada uno porque antes se desempeñaban en las empresas Dakota y BRD.
En julio pasado, Del Gaiso, impulsor de la inminente “Ley anti-Moyano”, denunció penalmente por extorsión a Pablo Moyano en el marco del conflicto por la licitación de las grúas, que terminó con una protesta de Camioneros que dejó la ciudad de Buenos Aires inundada de basura.
“Mi denuncia penal por extorsión contra el clan Moyano cayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, dijo el legislador.
Tras la denuncia, Pablo Moyano criticó al legislador porteño burlándose de su apellido: “Este Ganso... Hacé todas las denuncias que quieras hacer. No tiene sentido contestarle a un tipo así. No ven a un laburante ni en fotos, no saben lo que es estar recolectando los residuos con lluvia, calor, frío, en la pandemia. Y por eso estamos pidiendo el reconocimiento, que es el pago de las indemnizaciones”.