La ciudad de Buenos Aires amaneció llena de basura y esa postal puede tornarse recurrente: el origen es el trabajo a reglamento del Sindicato de Camioneros, que decidió la medida de fuerza de los trabajadores de la recolección de residuos porque el gobierno porteño “los quiere estatizar y cambiarles el convenio”, según denunció el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano.
“No hay paro de recolección de basura, sino que se trabaja bajo convenio, caminando con 15 minutos de descanso”, precisó el sindicalista, que también es cotitular de la CGT, en diálogo con radio El Destape. Y agregó: “Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Es una cosa de locos que un barrendero pague (el impuesto a las) Ganancias”.
En un comunicado de prensa, se informó que “el Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la rama de Recolección y Barrido, y se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”. En las redes, el gremio admitió que la protesta se realizó por “el mal estado de los camiones, malas condiciones laborales y el intento del gobierno de CABA que busca estatizar los 300 choferes de grúas”.
De todas formas, lo que está detrás del conflicto es la protesta de los Moyano porque el gobierno porteño está revisando la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA, otorgada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que Jorge Macri consideró “carísima” e “escandalosa”.
“A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la Ciudad, que cuanto menos amerita ser revisada, carísima; la Ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato; para mí es escandaloso”, afirmó el jefe de Gobierno a LN+, mientras esta mañana le dijo a radio la Red: “No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, con lo cual si se hace mal, culpamos a las empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreos. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros: entonces no se entiende si defienden a las empresas porque nosotros dimos garantía de estabilidad a los trabajadores”.
En 2022, durante el larretismo se estatizó el sistema de acarreo y 500 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).
Luego, en diciembre de 2023, se produjo la preadjudicación del servicio que el gobierno porteño está revisando: hay tres empresas que quedaron en la recta final en un negocio de 57 mil millones de pesos por 10 años de contrato. Una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, está sospechada de tener vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo cual explicaría, según funcionarios de la Ciudad, la reacción actual de los Moyano en un área sin conflictos como la de recolección de residuos.
El problema por el sistema de acarreo comenzó hace dos años cuando el gobierno porteño impulsó la estatización del servicio, en medio de una situación irregular porque las dos empresas que se encargaban de las grúas, Dakota y BRD, tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día, según reveló una investigación publicada en Infobae que realizaron Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli.
Ante la estatización promovida por el gobierno porteño, el Sindicato Camioneros amagó con declararle la guerra al gobierno de Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″.
La presión surtió efecto: en septiembre de 2022, el gobierno de CABA firmó el acuerdo con el Sindicato de Camioneros al establecer que los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarían a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrían el convenio de Camioneros hasta que pasen a la empresa que gane la licitación para encargarse de este servicio.
La paz alcanzada tuvo un costo adicional: cada uno de los 500 empleados cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos en concepto de la llamada “Ley Moyano”, una modalidad que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
El reclamo por la “Ley Moyano” se actualizó en junio pasado cuando Pablo Moyano amenazó: “En octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”. Sin embargo, en el gobierno porteño consideraron que se trataba de un “apriete” porque “los contratos fueron prorrogados hasta 2028″.