Los pozos ciegos sobre los que comenzó a indagar en el Senado la gestión que comanda la vicepresidenta, Victoria Villarruel, generaron la primera trifulca con los gremios legislativos, que desde hace más de dos meses vaciaron la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) de la Cámara alta, creada a fines de abril pasado para la “revisión funcional” de la “capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados, las recategorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios” de los últimos dos años.
En el tercer artículo del decreto presidencial 27/24 se invitó a “los representantes legales de las Asociaciones Sindicales con actuación en el H. Senado de la Nación a participar de las actividades que indique la comisión creada por el presente en calidad de veedores”, algo que los sindicatos no aceptaron. Como suele ocurrir en el Congreso, quien cargó con la bandera de la réplica a Villarruel fue la Asociación del Personal Legislativo (APL), de la que Norberto Di Próspero es mandamás desde julio de 2004.
Di Próspero fue siempre kirchnerista, aunque también mantuvo un excelente vínculo durante la era Cambiemos gracias el ex secretario administrativo del macrismo Helio Rebot. Ahora, el poderoso referente legislativo debe lidiar con Villarruel -y su equipo- y realizó una presentación en contra de la CAD, al igual que Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Personal Superior del Congreso de la Nación (APES). “No corresponde tomar temperamento alguno, por ser simples negativas a participar de las actividades de la Comisión creada”, respondió el Senado, a través de la Secretaría Administrativa de la Cámara alta, el 3 de julio último.
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En dicha resolución se detalló que APL sostuvo que el decreto de Villarruel “afecta con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta el colectivo de los trabajadores del H. Senado de la Nación”. El gremio agregó, como argumento, algunos artículos de la ley de personal legislativo -muchas veces olvidada hasta por los propios gremios- e, incluso, de la Constitución.
“Resulta improcedente la impugnación del DP-27/24 por parte de APL, al no verse afectado ningún interés colectivo de afiliados que dicha asociación sindical representa”, replicaron las autoridades de la Cámara alta. De hecho, dejaron en claro que lo actuado en la CAD “no produce efectos inmediatos ni definitivos ni afecta derechos subjetivos, no siendo consecuentemente susceptible de impugnación”.
Para exponer a los sindicatos, en la resolución se resaltó que “respecto de la manifestación de rechazo a la invitación a participar como veedores enunciada en el artículo 3 del decreto en cuestión -en referencia al que creó la CAD-, resulta contrario a lo dispuesto en el estatuto de APL, que en su artículo 3 establece como fines defender a los empleados, colaborar con el Estado como órgano técnico y consultivo en el estudio y solución concernientes a la actividad, entre otros”. Al haber sido rechazada por “improcedente” la presentación realizada por APL, se agotó la vía administrativa y el conflicto podría terminar en la justicia.
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En paralelo a todo esto, al Senado continúa con otra resolución para que, a partir de agosto o septiembre próximos, la planta permanente y un sector de los trabajadores temporarios estén obligados a marcar su asistencia. A fines de junio pasado, Infobae contó que cerca de 1500 empleados de diferentes reparticiones de la Cámara alta comenzaron a registrar la huella y, según pudo averiguar, se ausentaron 200.
De dicha cifra, alrededor de 140 agentes incumplieron el trámite sin justificación, mientras que unas 70 fundamentaron su inasistencia. Es decir que entre un 8-10% de los involucrados no argumentó su ausencia. En las próximas semanas se conocerá el resultado final.