El gobierno de Javier Milei consiguió el 28 de junio la sanción “Paquete Fiscal”, que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, en Bienes Personales, reformas en el Monotributo y una amplia moratoria.
El aval parlamentario se produjo por una ajustada mayoría, que se conformó con la oposición dialoguista que respaldó la propuesta de La Libertad Avanza (LLA), principalmente el PRO, la UCR y los partidos provinciales.
Finalmente, cuatro días después de un debate maratónico, se publicó el texto final del Paquete Fiscal que se reproduce a continuación:
Modificaciones en Ganancias y Bienes Personales
El paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias que había establecido el entonces ministro de Economía Sergio Massa durante la última parte del año pasado, cuando era el candidato presidencial de Unión por la Patria. A partir de ahora, el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Así, con alícuotas que van del 5% al 35%, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos el año pasado. Se podrán deducir del impuesto gastos por alquiler y servicios médicos. La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. Las alícuotas disminuirán a un rango entre 0,5% y 1,5%. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.
Monotributo
En cuanto a los monotributistas, sus escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. Así, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,1 millones-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.
Por otro lado, se establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111.
Nuevo régimen para grandes inversiones
Las empresas que operen en sectores como la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas tienen la oportunidad de inscribirse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a fomentar grandes inversiones.
Para calificar, las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Las reglas del régimen permiten a los inversores recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año. Las ganancias netas estarán sujetas a un impuesto del 7%, que se reducirá a 3.5% después de siete años de adhesión al régimen, según lo informado por medios de comunicación.
El régimen también prevé un incentivo para pequeños productores de provincias que se adhieran al RIGI. Las grandes compañías inscritas deberán emplear personal local y destinar al menos el 20% de su inversión a proveedores locales. Esto busca fomentar el desarrollo económico en las provincias y generar empleo local.
Según el Gobierno, este esquema tiene el propósito de impulsar el crecimiento económico a través de inversiones significativas en sectores clave y apoyar a los productores más pequeños, promoviendo tanto el desarrollo industrial como la integración regional.
Blanqueo de capitales
Entre lo aprobado por el Congreso figura también un nuevo régimen de regularización de bienes y activos no declarados, que estará vigente desde la promulgación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con una posible prórroga hasta el 31 de julio del mismo año. Este régimen permitirá a las personas que posean capitales fuera del control del Estado adherirse al blanqueo de sus activos.
Para aquellos que deseen regularizar montos inferiores a US$100.000, podrán hacerlo sin pagar impuestos siempre que ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o lo destinen a ciertos tipos de inversiones específicas.
En el caso de montos superiores a US$100.000, se aplicarán diversas tasas impositivas según el período en que se efectúe el blanqueo. La primera etapa, hasta el 30 de septiembre de 2024, tendrá una tasa del 5%; la segunda etapa, de octubre a diciembre de 2024, aplicará una tasa del 10%; y la tercera etapa, de enero a marzo de 2025, impondrá una tasa del 15%.
Las personas que opten por este blanqueo también verán un incremento del 20% en la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, pasando del 0,5% al 0,6%. Además, los participantes en este régimen no podrán adherirse a blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
Este régimen de regularización excluye a los funcionarios públicos de los últimos diez años, así como a su núcleo familiar directo, incluyendo hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.