Este miércoles el exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por su participación en dos casos de peculado demostrados por el Ministerio Publico Fiscal. La sentencia se dictó en consonancia con la solicitud de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien lideró la acusación contra Soto.
Lo que lo llevó a esta instancia se remonta al 2019, específicamente el 9 de diciembre, último día de su gestión. Fue en aquel entonces que el funcionario emitió tres cheques a nombre de la Municipalidad de Iruya, los cuales él mismo cobró, sumando un monto total de 970 mil pesos.
Además, Daniel Soto recibió del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
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Inclusive con el avance de las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), notaron que existe un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia estaba en manos del Intendente.
Según detalló un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, se estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.
El juicio que contó con la participación de los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans y se realizó en la localidad de Iruya, probó efectivamente la autoría de Soto en los delitos de peculado, en calidad de autor y en concurso real.
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Detallaron que la lectura de la sentencia fue clave y que una vez realizada se procedió a la inmediata detención del ex intendente.
La condena que se le impone, de cuatro años de prisión efectiva, representa según el medio local Que Pasa Salta, un paso importante en la lucha contra la corrupción y el mal manejo de fondos públicos.
Un ex intendente de Salta fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos
Hace 8 meses el ex intendente de la localidad salteña de Campo Quijano, Manuel Cornejo, se vio envuelto en una situación similar que este caso lo inhabilito a ejercer cargos públicos de por vida y enfrentar una condena de seis años de prisión.
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La Justicia lo encontró culpable de los delitos de peculados e incumplimiento de los deberes de funcionario público, no obstante continua en libertad hasta que la sentencia quede firme.
El juez Guillermo Pereyra, de la Sala IV del Tribunal del Juicio de Salta, rechazó los planteos de nulidad que había presentado la defensa y condenó a Cornejo por tres hechos y a Carmen Rosa Méndez, ex secretaria de Hacienda de Campo Quijano, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.
Para el magistrado, Méndez fue la autora material y penalmente responsable de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. También seguirá en libertad, pero con la vigencia de las medidas de coerción ya dictadas.
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En su sentencia, Pereyra absolvió al ex intendente de un hecho de peculado y de enriquecimiento ilícito, y lo condenó por el resto de los delitos de los que fue acusado. Además, el juez ordenó la restitución inmediata y definitiva a la Municipalidad de una camioneta y todos los bienes secuestrados en el marco de la causa.
Cornejo improvisó una insólita defensa durante la sexta jornada del juicio cuando, al prestar declaración, manifestó que “si hubo irregularidades” durante su gobierno fue porque tuvo que “evadir la burocracia administrativa del Estado para responder a las necesidades sociales de la gente, que es muy humilde y de escasos recursos”.
En el juicio, que comenzó el 16 de junio del 2023, intervinieron la fiscal penal de delitos económicos complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y Rodrigo Palazzo Gutiérrez, quien se desempeñó como querellante. En tanto, la defensa de los acusados estuvo a cargo de Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada, en el caso de Cornejo; y Juan Martín Solá Alsina y Pablo Tobio, en el caso de Méndez.
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Fue la fiscal Odorisio quien repasó cada una de las pruebas presentadas, consideró que los delitos por los que el ex jefe comunal y la ex secretaria fueron acusados quedaron probados, y solicitó la pena de seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Cornejo, mientras que para Méndez pidió tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Por su parte, la querella adhirió en todo al pedido de la Fiscalía y retiró la acusación de enriquecimiento ilícito. Los hechos de corrupción en el municipio de la provincia de Salta trascendieron años atrás a partir de una denuncia presentada en 2020 por el actual intendente, Carlos Folloni, por falta de registros contables de fondos entre los años 2017 y 2019.