El Gobierno presentó este lunes un pedido de cautelar ante la Justicia para que se embarguen los bienes de los manifestantes que causaron destrozos en los alrededores del Congreso durante las protestas que se desarrollaron mientras se debatía la denominada Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.
La decisión fue tomada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que reclama que las personas que se enfrentaron a la Policía y a la Gendarmería, se hagan cargo de los costos del operativo y de la posterior atención médica de los uniformados lastimados.
A lo largo de los tres días que duró la discusión en el recinto del proyecto enviado por el presidente Javier Milei, distintas organizaciones sociales y de izquierda se movilizaron en contra de la iniciativa y, en ese marco, algunos de los presentes rompieron veredas, incendiaron contenedores de basura y agredieron al personal de seguridad.
A través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, la cartera que conduce Bullrich le solicitó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicte una medida cautelar contra los responsables de esos hechos.
“De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados”, señala el texto que se entregó a la Justicia.
Según el pedido, al que pudo acceder Infobae, la suma total de los gastos del Estado por los sucesivos operativos, alcanza los $134.486.038,08, incluyendo el pago a los efectivos, el combustible de los vehículos y los elementos utilizados por cada una de las fuerzas.
En este sentido, el Gobierno detalló que desplegar a la Gendarmería demandó $55.489.310,44; a la Prefectura Naval Argentina, otros $45.981.438, 12; a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un total de $.555.289,52, y a la Policía Federal Argentina, unos $32.460.000.
“Agregaré a la brevedad, un informe pormenorizado efectuado por cada una de las Fuerzas Federales respectivas. Aclaro a V. Fiscalía que deberá adunarse a los gastos operativos aportados, los costos del tratamiento médico de los integrantes de las Fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes, los que se encuentran en curso de delimitación y se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos”, aclaró el Ministerio.
En el marco de esta solicitud, se argumentó que los cuatro organismos de seguridad “debieron intervenir” entre el 31 de enero y el 2 de febrero, “ante los disturbios y la violencia desplegada por un gran número de personas, a fin de preservar el correcto funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina, proteger a los señores diputados y funcionarios pertinentes”.
A fines de diciembre pasado, Bullrich ya había reclamado ante la Justicia que el Polo Obrero y varias otras organizaciones sociales y políticas se hicieran cargo de los gastos por el operativo que, en ese momento, se montó como consecuencia de una marcha de Unidad Piquetera en contra de Milei.
Semanas más tarde, también intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre en los Tribunales, mientras que a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le envió una carta documento para que abone la suma de $56.760.282,58 por esa misma protesta.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una denuncia penal para que se investiguen los destrozos registrados en las inmediaciones al Congreso de la Nación el último viernes, tras la aprobación -y durante el debate- de la Ley Ómnibus, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se individualice a los responsables.
“Ya nadie puede hacer lo que quiera en el espacio público en general, y esto va en varios frentes, no solo tiene que ver con esta marcha, esta manifestación. Lo concreto es que nadie está por encima de la ley”, remarcó al respecto el mandatario porteño, Jorge Macri.