Declaraciones públicas, algunas muy ásperas, y dichos con tono de emplazamiento pero por la vía del trascendido redondean en este fin de año las presiones del Gobierno con foco en el Congreso. Javier Milei llevó el discurso a un punto tal que hasta provoca astillas en posibles socios legislativos. Y eso se mezcla con advertencias sobre una consulta popular y posibles penurias de los gobernadores. En el mundo político, incluido algún costado oficialista, circulan dos lecturas que, de hecho, asoman convergentes: señales duras para negociar o puro intento de poder presidencial sin límites. En rigor, eso último -la tensión sobre los límites- podría ser el núcleo del juego iniciado hace menos de un mes.
El mega proyecto de ley sacudió el tablero, como unos días antes el súper DNU. El texto enviado esta semana al Congreso impactó por la magnitud de los temas y llamó la atención por la ausencia de uno: la reversión de la última reforma del impuesto a las Ganancias. Es una cuestión que preocupa especialmente a los gobernadores, por la baja significativa en fondos de coparticipación. En el Gobierno, hicieron explícito lo que se suponía: esa negociación con los jefes provinciales estaría atada a acuerdos en el Congreso.
Algo parecido y menos difundido es la demanda más amplia de las provincias frente al futuro de la obra pública y en relación con el manejo de los fondos discrecionales por parte del gobierno central. Los gobernadores están nucleados en ligas diferentes -el conjunto de radicales y el PRO, el sello peronista/kirchnerista y el grupo menos estructurado a escala nacional- y se paran de diferente modo frente a Olivos. Todos tienen, en diferente nivel, necesidades financieras. La Casa Rosada supone que eso mismo antes que los matices políticos podría moldear reacciones en el Congreso.
En lo inmediato, la presión está puesta en el tratamiento del mega proyecto, que de manera al menos poco ortodoxa incluye el aval al DNU como un todo. El abordaje de ese punto puede estar en discusión. Primero, de todos modos, aparece el alcance general de las normas y sobresale el más que delicado renglón -ya discutido con anteriores gobiernos- de la delegación legislativa en el Presidente. Existe una cuestión de fondo que combina el alcance y los tiempos que se pretenden.
El plazo inicial y la prórroga, que de hecho dependería del Ejecutivo, otorgaría a Milei capacidad legislativa durante todo su mandato y en casi todos los rubros: economía, política social, seguridad, defensa, sistema previsional, educación, entre otros. Se trata del planteo que genera mayores resistencias y es difícil que logre los votos necesarios, al menos con los alcances que expone la letra del proyecto.
No es el único presidente que pone sobre la mesa este debate. La repetición no supone que alimente menos inquietud, desde el punto de vista conceptual y práctico.
Desde hace tiempo, el círculo de Milei retomó y profundizó esa tendencia. De manera elemental, la idea gira en torno de la concepción del voto, como dato supremo, de mensaje único y más bien a contramano del juego de contrapesos que supone el equilibrio de poderes, la integración del Legislativo y el papel de las minorías. Todo en el contexto de un sistema electoral que distribuye bancas en la primera vuelta electoral y motoriza aval mayoritario para coronar presidente en el balotaje, algo reforzado por el impresionante triunfo de Milei en ese turno: casi doce puntos de ventaja sobre Sergio Massa.
El planteo se resume en que el Congreso debería aprobar “lo que votó la gente”, es decir, alinearse con los proyectos del Ejecutivo. Pero en rigor, este Congreso, en un grado máximo de fragmentación política, expone al oficialismo en condición muy minoritaria. La negociación logró consagrar autoridades en las dos cámaras y, con alguna lentitud, avanza la integración de comisiones, paso necesario para poder avanzar con los proyectos.
El mega proyecto y el DNU alcanzaron para mantener por ahora la unidad del peronismo/kirchnerismo, en rechazo cerrado a las propuestas del Gobierno. Se verá qué pasa cuando haya que avanzar en el tratamiento, además del suspenso con Ganancias. En las otras franjas de peso -PRO, UCR, nuevos bloques y otros espacios de perfil más provincial- hay fastidio por los dichos presidenciales y las presiones, que hacen crujir la intención de acordar algunas reformas, sin votar un paquete cerrado y menos aún la delegación de facultades legislativas.
En este punto, se vuelve a la cuestión de fondo, es decir, la interpretación del voto y sobre todo, del significado del triunfo electoral. Es algo que está reforzado con la decisión de agitar la posibilidad de una convocatoria a “plebiscito”. En rigor, se trataría de una consulta popular no vinculante, un mecanismo más limitado de democracia semidirecta. No impondría leyes aunque, claro, podría ser una apuesta de peso político. Con riesgos y márgenes de temario estrechos.
La lógica del avance con el DNU, los proyectos en el Congreso y los temas reservados para una negociación con los jefes provinciales reconoce más o menos a los mismos ingredientes de peso en el plano político. Existe otro: la Justicia. Y es un aspecto delicado en principio para el mega decreto. Podría significar una prueba para el oficialismo, que se mostró también en este terreno como contracara de la etapa de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Para completar, corren los tiempos, ingrediente nada menor. Milei formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias hasta fines de enero. Parece difícil para el tratamiento del enorme proyecto. Por supuesto, ya se comienza a hablar de una extensión hasta marzo. En cualquier caso, el ritmo y las chances en general van a depender del tejido que logre ir cerrando el oficialismo.
Se verá entonces si el plan de máxima es el único plan o resulta más elástico. En cualquier caso, una prueba para el proyecto presidencial recién estrenado, con ratificación del mensaje electoral, pinceladas de pragmatismo y exposición cruda de la crisis.