En medio de la ola de crímenes que atraviesa Rosario, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió implementar políticas públicas en el territorio y “tomar la decisión” de acabar con las bandas delictivas que operan desde la prisión. Además, celebró las medidas implementadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, quien ordenó construir una megacárcel para 40.00 reclusos como parte de su lucha contra las maras. “No tengo dudas que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele”, dijo.
En diálogo con Cadena 3 Rosario, el funcionario perteneciente al gobierno de Axel Kicillof aseguró que la ciudad santafesina está atravesada por dos problemáticas particulares: el fenómeno del narcotráfico como actividad, por un lado, y la ruptura del tejido social por el otro. “Son dos abordajes distintos, con dinámicas distintas y que se atacan de diferentes maneras”, explicó.
“En Rosario hubo un retiro del Estado que se fue haciendo gradual y terminó por un copamiento de los territorios por parte de la delincuencia. Hay que volver a poner políticas públicas, que baleen una comisaría en bicicleta y se escapen ya es una postal. Cuando pasa esto ya no hay más nada que describir”, sostuvo.
Berni calificó de “inadmisible” e “inexplicable” que “los narcotraficantes puedan seguir moviéndose desde la cárcel como si estuvieran en libertad” y apuntó contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF): “Debería explicarle a la sociedad por qué desmanteló el Servicio de inteligencia criminal y por qué permite algo tan estúpido como que el narcotráfico siga en comunicación desde la prisión”.
“Esto lo he experimentado permanentemente en cada una de mis investigaciones. Es inconcebible, nadie sale a dar una explicación. Quienes padecemos las consecuencias de estas irresponsabilidades somos los argentinos”, agregó.
“Los límites de la democracia se corren cuando un ciudadano común es víctima de la negligencia del Estado. Yo entiendo que la lucha contra el narcotráfico no es fácil, pero no entiendo que haya un gobierno que permita que los presos se comuniquen desde la cárcel, que tiene una laxitud extrema con los detenidos, que permita liberar presos en plena pandemia porque tiene miedo que sufran o se contagien de la enfermedad igual que cualquier ciudadano argentino. No entiendo a una justicia que libera presos sin importar sus consecuencias”, indicó.
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Para Berni, “la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele” en El Salvador, sin embargo, consideró que el problema de la delicuencia “no tiene que ver con el tamaño de la cárcel sino con una decisión de acabar con esto. Puedo asegurar que no es difícil”. En este punto, opinó que la situación se mantendrá igual en tanto “tengamos una justicia que se caga de risa” y mientras“los presos sigan llevando adelante sus delitos por vía telefónica”.
“Gana la ideología, no tengo ninguna duda, está ya impregnado en la toma decisiones”, dijo el ministro, tras diferenciarse de la coalición de gobierno a la cual pertenece y hacer mención a la “doble cara de la política argentina”.
“Puedo decir por experiencia que a todos aquellos garantistas, cuando les pasa a ellos, practicamente piden la pena de muerte. Lo mismo que cuando desalojamos terrenos en lugares donde muchos de los políticos se promocionan o no advierten que la Constitución habla del derecho privado de cada uno de los ciudadanos. Ahora, cuando a uno de estos garantistas le toman una propiedad privada, son los primeros en pedir desalojos”, añadió.
Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires ocurran sucesos similares a los registrados días atrás en el barrio de Empalme Graneros -donde un grupo de vecinos atacó la casa de un presunto narcotraficante que estaría vinculado a la muerte de Máximo Gerez-, Berni expresó: “Decir que eso es una foto típica de Rosario es mentir. Eso cada tanto suele suceder”.
“Tengo 700 pedidos de detenciones de trabajos de ventas de drogas al menudeo, la Justicia todavía está dando vueltas para ver cuándo se decide a darnos los allanamientos y las detenciones. Hoy el promedio de una investigación de venta de drogas no lleva menos de 6 u 8 meses, cuando esto se soluciona de manera muy rápida. Cuando esperás 8 meses el barrio se cansa, y pasa lo que pasó en Rosario.
“¿Cuánto se tardó en actuar? ¿Tan difícil era? Ayer ingresaron 300 gendarmes y, ¿no fue una bocanada de aire fresco? Si eso se relaja y atrás de Gendarmería no van las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, es pan para hoy y hambre para mañana”, concluyó.
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