El veredicto en la causa Vialidad disparó definiciones en otros expedientes judiciales que están íntimamente vinculados. Uno es la “ruta del dinero K”, donde se investigaron las maniobras para lavar USD 55 millones
del empresario Lázaro Báez. Ese dinero provenía de la obra pública y de la evasión fiscal, según coincidieron dos de los jueces que lo condenaron, Adriana Palliotti y Néstor Costabel.
La revisión de ese veredicto está a cargo de la Sala IV de Casación, con una composición diferente por la inclusión de Angela Ledesma, cercana al kirchnerismo. La jueza se sumó a Mariano Borinsky y Javier Carbajo, habituales miembros. “La dinámica es distinta cuando los jueces no conocen las posturas de los otros miembros”, dijo una fuente judicial a la hora de explicar la demora en la definición.
El veredicto por “la ruta del dinero K” se conoció en febrero de 2021, aunque los fundamentos recién trascendieron en abril de ese año. Son 3.000 páginas que ahora están siendo analizadas por los miembros de la Sala IV.
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A partir de ese momento, hubo cinco meses de audiencias. Primero fue el turno de abogados, por las cuestiones técnicas, y luego se hicieron entrevistas con cada uno de los imputados. Se las conoce como audiencias de visu y se utilizan para que los jueces conozcan a los condenados cuando hay pedidos para revisar las penas. Al margen de las cuestiones jurídicas, les hacen preguntas sobre su salud, sus condiciones laborales o su situación familiar.
Recién en octubre comenzó la etapa de deliberaciones y los jueces comenzaron a enviarse sus respectivos votos. El plan original era resolver antes del Mundial. No se pudo. Tampoco lograron llegar a un consenso antes del veredicto de Vialidad. Ahora nadie se anima a poner una fecha. “Es una causa compleja, siguen deliberando, no hay fecha”, contestó ayer una fuente judicial ante una consulta de Infobae.
Además de revisar las penas, los jueces deben resolver una catarata de apelaciones, nulidades y agravios.
Báez, que sigue cumpliendo con su prisión domiciliaria, está muy pendiente de este fallo porque decidirá el futuro de sus hijos. En ese juicio, Martín Báez recibió una pena de 9 años, mucho más alta de lo que esperaba el entorno y la familia. También fueron condenados Leandro (5 años), y las dos hijas mujeres.
Del entorno de Báez además fueron condenados su ex contador Daniel Pérez Gadín como organizador de las maniobras de blanqueo, y el abogado Jorge Chueco. En tanto, a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de 5 años.
En el caso de Leonardo Fariña, la pena fue de 5 años por su rol de arrepentido, aunque sus abogados apuestan a una reducción considerable en Casación.
Aunque el tribunal está deliberando, no se vislumbran diferencias sustanciales con los montos de las penas impuestas por el TOF 4. Si hay reducciones de penas, no serán sustanciales.
Esas proyecciones se basan en algunos hechos concretos. En primer lugar, las querellas de la AFIP y de la UIF no fueron a las audiencias pero presentaron breves notas para pedir que se confirme la sentencia. Tampoco fue el fiscal de Casación Javier De Luca. Pese a que no tiene obligación, su ausencia se interpretó como un guiño al trabajo del fiscal de juicio, Abel Córdoba, quien había pedido duras penas para todos los imputados.
El resultado del juicio de Vialidad, tiene impacto directo sobre esta causa. Ya hay una condena sobre la obra pública, uno de los delitos precedentes mencionados por el TOF 4. El otro delito, el de la evasión, está desparramado en varias causas. Ninguna tiene fecha para empezar el juicio.
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Báez arrastraba una condena de 12 años y ahora sumó otros 6 años por la causa de Vialidad, aunque las penas no se sumarían. “No podría haber sumatorio de penas porque se trata del delito precedente para el lavado”, dice su abogado, Juan Martín Villanueva.
Igualmente el panorama es muy complejo para el ex socio de los Kirchner porque tiene otros juicios pendientes por el campo en Uruguay conocido como “El Entrevero” y por la causa conocida como M&P. En ese expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
Para Cristina Kirchner también puede haber malas noticias en lo inmediato. La Casación, con otros jueces, debe definir si hay juicio por la causa Hotesur-Los Sauces, plagada de pruebas en su contra.
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