Presupuesto 2023: el Gobierno cedió en los cambios para sumar apoyos, pero aún quedan puntos en disputa

El proyecto de Presupuesto 2023 entró en la recta final en la Cámara de Diputados tras la firma del dictamen en el que se incluyeron varias propuestas tanto de diputados opositores como oficialistas. El Gobierno espera darle media sanción este martes con amplio apoyo de bloques aliados y sectores de Juntos por el Cambio. Sin embargo, todavía hay varios puntos que generan fuertes tensiones.

En una primera instancia, el Frente de Todos buscó asegurarse la mayor cantidad de votos propios. En ese sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio el visto bueno este jueves para ampliar varias partidas de gasto social, uno de los principales cuestionamientos de los diputados de La Cámpora, el Frente Patria Grande y los movimientos sociales.

“El aumento del gasto social no es el ideal, pero está bien”, explicaron a Infobae cerca de un diputado que pertenece a una organización social oficialista. Desde el Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, también se mostraron conformes con los cambios. “Hemos logrado un presupuesto que no ahorra en ninguna política vinculada a garantizar derechos fundamentales”, publicó Itaí Hagman junto a un listado de las partidas que recibirán más fondos.

“Después de mucho trabajo en Comisión, tenemos dictamen. Es muy importante que tengamos esta herramienta aprobada por el Congreso de la Nación”, publicó en redes sociales la camporista Paula Penacca, secretaria parlamentaria del bloque y persona de confianza de Máximo Kirchner.

Estos mismos sectores vieron con muy buenos ojos la incorporación del artículo para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.

A pesar de todo, en la bancada oficialista reconocen que podría haber alguna ausencia o rechazo aislado, dado que la interna del Gobierno se vuelve cada día más virulenta y muchos piensan en diferenciarse de cara al 2023. No obstante, confían en que la mayoría del bloque acompañará el Presupuesto.

Para garantizar el apoyo de los interbloques Federal y Provincias Unidas, el Ejecutivo también modificó dos puntos fuertemente rechazados por los gobiernos provinciales: los subsidios al transporte de pasajeros y las deudas de la mayorista de energía eléctrica Cammesa.

Este miércoles, por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Como la cifra fue considerada insuficiente en Diputados, el articulado fue rectificado para aclarar que será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Por otro lado, el artículo que habilitaba a Cammesa a cobrarse las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables también tuvo cambios. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables. “Si te lo sacan de otros fondos, al final es lo mismo”, lamentó un diputado radical que no quedó conforme con la nueva redacción.

La principal concesión a la oposición fue la incorporación de una “cláusula gatillo” que obliga a la Casa Rosada a enviar al Congreso una ampliación del plan de gastos y recursos si al 31 de agosto la inflación supera 10% la proyección o si el Estado termina recaudando 10% más de lo previsto.

En la bancada de Juntos por el Cambio valoraron que las pautas macroeconómicas del Presupuesto son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) y que el Gobierno haya aceptado varias modificaciones. A su vez, reconocían que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo otorga total discrecionalidad para reconducir los gastos por decreto. “En un año electoral sería algo muy complejo”, señalaron a Infobae desde el radicalismo.

El lunes los bloques opositores se reunirá para terminar de definir una postura, aunque, según reconocieron a Infobae varios diputados, lo más probable es que voten favorablemente el proyecto “en general” y rechacen artículos en particular como el que delega las retenciones en el Ejecutivo, el aumento de impuestos internos a los productos electrónicos de Tierra del Fuego, el blanqueo de capitales y un posible aumento en los planes especiales en las prepagas. El último tema generó confusión porque el artículo que el diputado Sergio Palazzo anunció en comisión fue eliminado del dictamen. Sin embargo, la oposición analizaba este viernes por la noche si el oficialismo no había intentado meterlo a escondidas en el artículo 129, que a su vez elimina el artículo 23 de la Ley Nº 26.682. Finalmente, las autoridades de la comisión informaron que por un “error involuntario” se omitió eliminar el artículo 129 del dictamen final.

“La cláusula gatillo da un marco de acuerdo para poder votar en general”, aseguraron desde Evolución. Sin embargo, las retenciones a las exportaciones del campo podrían generar un escenario particular. Los bloques que rechazan la delegación de facultades (JxC, Federal, liberales y libertarios) podrían llegar a sumar 129 votos para rechazar ese artículo en particular.

Durante el debate desde el PRO y Evolución habían propuesto un tope retrotraído al 31 de diciembre del 2019, de 30% para el poroto de soja. Para el oficialismo esto significaba en la práctica bajar las retenciones por lo que decidió avanzar con el texto tal cual estaba redactado.

“Si rechazan ese artículo no pasa nada, queda todo como está hoy”, explicaron desde la bancada oficialista, aunque reconocieron que la oposición podría juntar más votos. “Queda como ahora que hay presentaciones judiciales”, agregaron desde el PRO. La bancada que conduce Cristian Ritondo también se reunirá el lunes para unificar criterios.

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