El intento de asesinato de Cristina Kirchner y la sesión de repudio convocada de urgencia este sábado en la Cámara de Diputados dejaron poco margen para continuar con la agenda legislativa prevsita para los próximos días.
La semana pasada, en la bancada del Frente de Todos esperaban poder convocar a dos sesiones especiales: una este miércoles 7 y otra el jueves 15 de septiembre. En la primera, se tratarían proyectos que no generan antagonismos fuertes, como los de Enfermería, Entrega voluntaria de Armas, Neumáticos de un solo uso y creación de Universidades. Ocho días después -el 15- iba a ser el turno de dos proyectos económicos de vital importancia para el Gobierno: el Consenso Fiscal y la prórroga de cinco impuestos clave (que juntos representan un 32% de la recaudación).
En un clima inevitablemente crispado por el fallido magnicidio, por las atribuciones de culpas del clima político hostil a la oposición y los rumores de leyes oficialistas contra los discursos de odio, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, desistieron de su intención de sesionar esta semana.
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Ahora, el oficialismo trabaja en un temario “unificado” para una sesión el jueves 15 -que adelantan será larga- que en principio incluirá Consenso Fiscal, Prórroga de impuestos, Enfermería, Alcohol cero y “otros temas”. Será una semana cargada de actividad, ya que el día anterior el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se hará presente para hacer su informe de gestión. Una visita largamente adeudada y reclamada por la oposición: por ley, el ministro coordinador debe hacer una presentación mensual ante el Congreso durante los meses del período ordinario.
Desde que asumió, hace más de un año, Manzur solo fue una vez al Senado y nunca a Diputados. Para el miércoles 14 se prevé una sesión caliente en la que la oposición aprovechará para criticar el rumbo del gobierno de Alberto Fernández.
Por otro lado, la ley de Administración Financiera dispone que el próximo jueves, 15 de septiembre, el Ministerio de Economía debe presentar el proyecto de Presupuesto 2023. Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo explicaron que “no se pisará” con la sesión que planean porque solo se remitirá el texto de la “ley de leyes”. El ministro Sergio Massa -actualmente de gira por Estados Unidos- podrá venir a Diputados más adelante a presentarlo formalmente, por ejemplo, cuando se abra el debate en comisión.
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La llegada del Presupuesto 2023 también acorta los tiempos legislativos ya que idealmente la prórroga de impuestos debería estar aprobada antes de su debate dado que se relaciona de manera directa con los recursos con los que contará la Administración Nacional. “¿Cómo podemos hacer un presupuesto si no sabemos con qué recursos contamos?”, se preguntaba un diputado del oficialismo.
El Frente de Todos logró avanzar con el dictamen de mayoría para prorrogar cinco años un paquete de impuestos que incluye Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.
En la bancada oficialista se muestran confiados en que ya tienen los números para aprobar el mismo texto que salió de la comisión de Presupuesto. Sin embargo, Germán Martínez, jefe del bloque, trabaja actualmente en modificar la redacción del proyecto para sumar más voluntades.
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En su dictamen de minoría, Juntos por el Cambio mantuvo la idea de la prórroga de los impuestos pero introdujo algunas modificaciones. En el caso de Bienes Personales, por ejemplo, se propone un cambio en las alícuotas vigentes, que hoy van del 0,5% al 1,75% (la más alta, para los bienes en el exterior). Su proyecto propone una alícuota mínima de 0,25% y máxima de 0,75%. También estipula que el impuesto al Cheque (que fue establecido como gravamen “de emergencia” en 2001 solo por un año) pueda ser computado en un 60% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
El texto del oficialismo prorroga los impuestos y las asignaciones en un único artículo, mientras que el texto de la oposición fue redactado con dos artículos diferentes. Ahora el oficialismo podría aceptar cambios en la redacción en lo relacionado con las asignaciones específicas para sumar votos pero sin avalar ninguna reducción de impuestos.
El Consenso Fiscal, por su parte, es un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y 21 gobernadores en diciembre del año pasado y ya tiene media sanción del Senado. Entre otros puntos, habilita a las provincias a crear nuevos impuestos y subir las alícuotas de algunos ya existentes, como Ingresos Brutos y Sellos. También estipula que solo podrán tomar deuda en dólares con líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, establece que el gasto puede aumentar en relación al crecimiento del producto bruto interno y obliga a los distritos a desistir de cualquier juicio contra el Estado Nacional.
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La iniciativa generó algunos roces dentro de Juntos por el Cambio que votó dividido en el Senado. En sintonía con lo que ocurrió en la Cámara alta, donde la oposición votó dividida, el oficialismo cuenta que con que los tres gobernadores radicales (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suarez) presionen a sus diputados para que ratifiquen el proyecto.
Ante la consulta de Infobae, uno de los diputados de la UCR que se debate entre abstenerse o votar a favor explicó que los gobernadores “están obligados” a apoyar porque de no hacerlo, entre otras cosas, enfrentarían dificultades para refinanciar las deudas que acumulan con Nación. Además, podría ser una herramienta para compensar un eventual recorte de las transferencias a las provincias impulsado por el Ministerio de Economía para controlar el déficit. “En el bloque no hay malestar porque se entiende que los gobernadores tienen otras responsabilidades institucionales y de gestión”, minimizó el legislador.
En Juntos por el Cambio, especialmente desde el PRO y Evolución, rechazan el proyecto porque aseguran que se trata de “un aumento de impuestos disfrazado”. Algo que en la última campaña electoral prometieron nunca acompañar. Las tensiones al interior de la coalición opositora quedaron a flor de piel nuevamente el sábado pasado, cuando el PRO se retiró del recinto tras votar el proyecto de resolución en repudio al intento de asesinato a Cristina Kirchner. También hubo críticas de la Coalición Cívica a Patricia Bullrich, presidente del PRO, por no repudiar públicamente en intento de asesinato a CFK.
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