El pedido de condena del fiscal federal Diego Luciani a la vicepresidenta Cristina Kirchner de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio oral por la obra pública fue la primera ficha del domino. La primera que se movió. Pero faltan otras que ya comenzaron a activarse. Esas fichas son una serie de resoluciones judiciales que involucran a la ex presidenta y que se espera que se conozcan antes de fin de año, como previa del 2023 electoral. La incógnita es saber cómo se resolverán y qué efecto tendrán.
Esas resoluciones tendrán un contexto especial: la movilización en la calle que puso el kirchnerismo la semana pasada en apoyo abierto a la vicepresidenta y que terminó el sábado con un enfrentamiento con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta por la permanente y masiva presencia de personas en la puerta del domicilio de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. En cada fecha del calendario judicial de la ex presidenta resonará el canto más repetido por la militancia en los últimos días “si la tocan a cristina que quilombo se va a armar”.
La primera resolución que se espera puede tener un efecto colateral sobre la vicepresidenta. Se trata de la causa por lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado en febrero del año pasado a 12 años de prisión. El expediente está bajo revisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que ya escuchó las apelaciones de las partes y la semana pasada inició las audiencias de conocimiento personal con cada uno de los acusados. Las primeras fueron las del arrepentido del caso, Leonardo Fariña, y de la Martin Báez, uno de los hijos del empresario. La última será la de Lázaro Báez, el 6 de octubre.
A partir de allí Casación tiene 20 días hábiles para resolver si confirma o no las condenas. ¿Por qué esa causa puede importar a la vicepresidenta? Porque el tribunal oral que condenó a Báez dijo que el dinero que lavó provenía del uso de facturas falsas y de la obra pública que recibió durante los 12 años de kirchnerismo, el caso por el que Cristina Kirchner está siendo juzgada. El fiscal Luciani hizo mención en su alegato a ese expediente. Si bien ese caso no juzga, se trata de uno de los que está ligados a la obra pública y la decisión de Casación podría impactar en el juicio.
La resolución estará a cargo de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Los dos primeros junto con Gustavo Hornos son los que tendrán revisar también lo que se decida en el juicio por la obra pública. La condena o la absolución de la vicepresidenta. Borinsky y Hornos están en la crítica permanente del kirchnerismo.
El calendario judicial tiene varios días marcados para noviembre. En ese mes la Sala I de la Cámara de Casación escuchará las apelaciones en las causas por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y por “Hotesur-Los Sauces”. Se trata de dos de las causas en las que Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral y sobreseída por los tribunales orales sin que se haga el juicio. La Fiscalía en las dos causas y las querellas en el memorándum apelaron esas decisiones.
El 8 de noviembre será la primera audiencia por el memorándum. Casación fijó una segunda para el 24. Allí las partes expondrán sus argumentos. En el caso de “Hotesur-Los Sauces” serán el 10 y de 22 de noviembre. Los jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa tiene que resolver si confirman las absoluciones o las revocan y ordenan que se hagan los juicios orales. Cuando terminen las audiencias también tienen 20 días hábiles para resolver. La fecha está muy cerca del fin de año, por lo que la decisión podría para el 2023.
La causa del memorándum no se vincula con el resto de los expedientes de Cristina Kirchner. Pero “Hotesur-Los Sauces” sí. Allí la vicepresidenta está acusada de asociación ilícita y lavado de dinero por el alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que tenían contratos con el estado. Uno de ellos, Lázaro Báez. El fiscal Luciani también hizo mención en sus alegatos a ese expediente. Sostuvo que los Kirchner y Báez se apropiaron del dinero de la obra pública “con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur´’”.
Esa causa tiene una particularidad. Junto con la vicepresidenta están acusados sus hijos, Florencia y el diputado nacional Máximo Kirchner.
Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa son conocidos para Cristina Kichner. Son los que la sobreseyeron en la causa por dólar futuro. Y también (Barroetaveña y Petrone) los que validaron las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción sobre los que la vicepresidenta pedía su nulidad. Figueroa votó en ese sentido.
Las audiencia en Casación podrán ser loe nuevos escenarios judiciales en los que hable Cristina Kirchner.
La última fecha del calendario electoral es fin de año. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que juzgan la obra pública tiene la expediente de dar a conocer el veredicto antes de fin de años. Es decir, su condena o absuelve a los 13 acusados. El próximo 5 de septiembre comienzan los alegatos de las defensas. Cada una tendrá tres audiencias para exponer sus argumentos. Pero algunas de ellas ya adelantó que usará una sola. Fue el caso de la primera de ellas, la del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, defendido por el abogado Mariano Fragueiro Frías, quien le adelantó al tribunal que solo utilizará una de las tres.
Todo lo que se resuelve podrá ser apelado hasta la última instancia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, el fin de año tendrá la expectativa de resoluciones judiciales clave para Cristina Kirchner. La posibilidad de una condena y la reapertura de causas para ser juzgada. O que sea absuelta de todos esos expedientes, que están ligados por un hilo común que es la obra pública y podrían tener un efecto domino. Todas resoluciones con mucha tensión en la previa del año 2023, año de elecciones presidenciales.
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