Para la perita de Cristina Kirchner, “Lázaro Báez perdió plata; no sé para qué se presentó a estas licitaciones… Casi que le tendríamos que devolver plata”, dijo el fiscal Diego Luciani, al comenzar a analizar el capítulo de los sobreprecios en las obras que llevó adelante el empresario santacruceño que está acusado, junto a la ex presidenta y funcionarios de su gobierno, de haber integrado una asociación ilícita que defraudó al Estado. Y, tras cuestionar severamente su trabajo, la fiscalía denunció que la profesional “se alejó por completo de su función” y tuvo “un afán” para “forzar los números” y llegar a un resultado favorable a las defensas. Para la fiscalía, hubo sobreprecios en más de 200 millones de dólares en 5 de las 51 obras analizadas.
La mira estuvo puesta en las conclusiones de la ingeniera Adriana Alperovich, que en nombre de la defensa sostuvo que no habían existido sobreprecios. Para el Ministerio Público, la ingeniera dio “vidriosas explicaciones” ante el tribunal y hasta admitió que ni siquiera consideró los costos de transportes en sus cálculos. Sostuvo que la ingeniera no tenía “expertise” en el análisis de obras viales, según ella misma reconoció, y señaló que llama la atención que para su trabajo consultó bibliografía de tesis de alumnos de universidades de Perú, Colombia o Perú, cuya rigurisidad se desconoce. “Tampoco sabemos si fueron aprobados”, resaltó.
Pero además denunció que la profesional faltó a 16 de las 30 reuniones que se hicieron en el colegio de peritos para analizar este caso y desoyó “las claras advertencias que le hicieron sus colegas sobre las fuentes de información homogénea” a utilizar, en donde ella decidió “acotar su análisis a una serie de ítems definidos por ella misma arbitrariamente”. “Estaba analizando información, me fui de vacaciones, no fui porque tenía medico”, fueron algunas de las justificaciones que dio la testigo cuando fue interrogada, recordó Luciani. Y también destacó que después de sí asistir a una de las reuniones con sus colegas en donde el perito de la Corte compartió parte de sus conclusiones adversas a los acusados, la defensa de Cristina Kirchner pidió su recusación.
En la segunda parte del quinto día de alegato, el foco estuvo puesto en las pericias de los sobreprecios en las obras de Lázaro Báez. Solo se analizaron cinco de las 51 obras, algo que fue cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner e incluso llegó con ese planteo a la Corte Suprema. También cuestionó al perito oficial de la Corte Suprema porque había tuiteado contra su gestión.
Los peritos que declararon en la causa fueron los ingenieros Pablo Eloy Bona, de la Corte Suprema; Roberto Panizza, de la Fiscalía; y Adriana Alperovich, de la defensa de la ex presidenta. Bona detectó sobreprecios en más de 198 millones de dólares respecto del presupuesto determinado originalmente. Panizza habló de sobreprecio estimado en 202 millones de dólares. La perita propuesta por Cristina Kirchner estimó que las cinco ofertas del Grupo Báez no tuvieron sobreprecio alguno. Es más, conforme a la selección de ciertos ítems que ella eligió, concluyó que las empresa del grupo Báez estuvieron 71 millones de dólares por debajo de los precios de plaza, detalló el alegato fiscal.
“¿A qué se debe semejantes diferencias? –se preguntó Luciani- Basándonos exclusivamente en los números finales de la perita de parte, advertimos una cuestión singular. Para ella, cuatro de las cinco obras salían más caras que lo que el Grupo Báez plasmó en sus ofertas”.
La fiscalía repasó las diferentes metodologías y advirtió que el Ministerio Público iba a quedarse con el análisis de su perito. Dijo que su trabajo había sido “noble” porque había comparado los precios con los publicados en la revista histórica El Constructor. Y cuando no figuraban allí, tomó por válidos los presupuestados. También subrayó que Panizza no sólo hizo análisis sobre el precio final sino también sobre el “sobrecómputo”. Según explicó, “un sobreprecio no solo se puede generar a partir de la exageración de los ítem sino también por la exageración de las cantidades. Por eso esta fiscalía sin desmerecer el trabajo del perito de la Corte de Justicia va a seguir el dictamen del ingeniero Panizza”. Precisamente, el fiscal recordó que en su declaración como testigo se le preguntó a la ingeniera Alperovich sobre el tema. “Fue tal grado de desorientación tal que no pudo evacuar una consulta elemental para la fiscalía: si un sobrecómputo podía derivar en un sobreprecio. Nos dijo desconozco”.
La ruta de Báez que debió haber sido construida a casi dos metros de altura
Uno de los ejemplos que se marcó en los costos fue en el cálculo de los terraplenes. Y subrayó el caso de la ruta nacional 288. “Si hubiera construido el terraplén que usaron esa compactación, era para cubrir a una persona de 1,80 metros”, dijo mostrando un render de esa ruta si se hubiera hecho un trabajo según el análisis de los peritos. Sin embargo, detalló, cuando se fue al lugar, la calzada apenas se levantaba al ras del suelo. “Donde está levantada la ruta en un 1.80 metros? Ahí no supera la suela de zapato del inspector”, dijo Luciani.
“Son cuestiones evidentes, incontrastables -resaltó-. En los terraplenes es donde suelen concentrarse los mayores abusos en los gastos injustificados y más incidió en el valor final de la obra”. A criterio de la fiscalía, “semejantes hallazgos muestran que los presupuestos oficiales y los del Grupo Báez no fueron elaborados con parámetros técnicos sin con el fin de acaparar recursos públicos que fuera posible. A tal punto es así que tan solo 5 de las 51 obras quebraron la triste barrera de 200 millones de dólares de sobreprecio.”
El fiscal subrayó que la perito de Cristian Kirchner, a diferencia de sus colegas, no analizo la totalidad de los ítems que figuraban en el presupuesto oficial sino que eligió ciertos ítems. “Estos desajustes no fueron inocuos y repercutieron en el valor final de su trabajo”, dijo. Habló de un resultado “algo dibujado” en donde se buscó “matizar la amplísima dispersión” de precios. “No sé si en ese tiempo había inflación, pero los números son muy caros”, ironizó el fiscal. “Evidentemente algo no cuadra en los cálculos de la ingeniera Alperovich”.
Para terminar sobre este punto, la fiscalía volvió a apuntar al rol de la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa y que pidió la absolución de la mayoría de los implicados. “En mis más de diez años es la primera vez que me veo obligado a realizar un planteo a una parte acusadora”, dijo.
Luciani sostuvo que en su alegado el abogado Leandro Ventura dijo que había tenido que consultar “profesionales idóneos para que le pudieran explicarle” puntos sobre estos peritaje. “Nos lleva a preguntarnos qué profesionales asesoraron al doctor Ventura”, disparo el fiscal y agregó : “si tantas dudas tenía sobre el peritaje, por qué motivo el doctor (Alejandro) Irachet, durante las siete audiencias (de declaraciones de peritos) no hizo ni una sola pregunta a los peritos actuantes. Me resulta increíble a la luz de lo que viene a plantear la UIF”, añadió tras insistir en la “temeraria actitud” de esa querella.
Además, denunció que el gobierno kirchnerista creó “un canal de pagos” especial para entregarle dinero a Lázaro Báez a través de los adelantos de certificados de obras. Sostuvo que se hizo a través de una resolución del Ministerio de Planificación de 2010 “de la que nadie se enteró: no se publicó en el Boletín Oficial, ni en la pagina web ni se avisó a la Cámara de la Construcción para que otros empresarios pudieran acceder a ese beneficio”.
Según explicó, el dueño de Austral Construcción fue el principal favorecido porque “Lázaro Báez era Néstor Kirchner; Lázaro Báez era Cristina Fernández. No hay duda. Es algo obvio. Y esto va a quedar aún más claro cuando analicemos las operaciones comerciales llevadas a cabo entre estas personas mientras se le otorgaba a Lázaro Báez y el beneficio que recibían los ex presidentes de las empresas de Báez”.
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