El fiscal federal Ramiro González amplió hoy la imputación contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza en la causa que se investiga un presunto desvío de fondos por 535 millones de pesos a una serie de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de la jefa comunal. Además sumó nuevos imputados, entre ellos el ex marido de la intendenta Cesar Sebastián Daer, y pidió nuevas medidas de prueba.
El fiscal había imputado a Mendoza la primera semana de mayo. En ese momento también imputó a otras personas, entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas. A todos es atribuyó los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, con la posibilidad de ampliar las acusaciones a otras maniobras como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El expediente no solo apunta a Mendoza sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González en su primer requerimiento.
Hoy, luego de mencionar una serie de hechos nuevos, decidió ampliar la imputación contra Mendoza. “En orden a los acontecimientos anteriormente expuestos, estimo pertinente que se amplíe el objeto procesal oportunamente delimitado mediante el requerimiento de instrucción formulado el 06 de mayo del año en curso, dado que los hechos puestos aquí en conocimiento constituirían una extensión objetiva y subjetiva de aquellos que motivaron el inicio de la presente causa”, sostuvo el fiscal.
González también sumó a la lista de imputados a Claudio Hernán Carbone, quien se desempeñaría como Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes; a Paul Brian O ́Shanghnessy, quien sería Subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes; al ex marido de la intendenta, Cesar Sebastián Daer; y a Anabella Galvan, quien trabajaría en la municipalidad de Quilmes.
Según una denuncia de la diputada Mónica Frade, mencionada por el fiscal en su requerimiento, Paul Brian O ́Shanghnessy “estaría vinculado con la firma “4Ter SA”, constituida el 07 de febrero del corriente año, la cual integraría junto a sus socios Claudio Hernán Carbone, Cesar Sebastián Daer y Mayra Soledad Mendoza, y cuyo director suplente sería Pablo Martín Carbone”.
Entre otras cosas, el fiscal pidió hoy que recabe “todo tipo de documentación vinculada con las contrataciones entre la Municipalidad de Quilmes y las firmas “Sur II SRL”, “Encontrar SA”, “Antigua Tierra SRL”, “Totalcon SA”, “Materyale SA”, “4Ter SA”, “Black Corp SA”; “Agente Central SAS”; “Human Constant SAS”, “Canton Tower Gestiones Integrales SAS”, “Pesquera Sin Límite SRL” y “Co Marfil SA”.
También le pidió al juez Ariel Lijo que investigue el vínculo de los imputados con el Municipio. “Toda la normativa y/o acto administrativo que dé cuenta si Alejandro Gandulfo, Cecilia Soler, Claudio Hernán Carbone, Paul Brian O ́Shanghnessy, Cesar Sebastián Daer y Anabella Galván se han desempeñado en el Municipio de Quilmes, y en su caso, se recaben las constancias pertinentes que indiquen los cargos que ocupan y/u ocuparon, con sus respectivos períodos de tiempo de ejercicio”, es otra de las medidas solicitadas.
Esa causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
Mayra Mendoza también está siendo investigada por la fiscal federal de Quilmes Sylvia Cavallo. En ese expediente, el juez federal de Quilmes Luis Armella realizó hace una semana varios allanamientos en las cooperativas investigadas. En los procedimientos intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura.
Más temprano, la intendenta de La Cámpora salió a denunciar una “operación mediática” en su contra. “Con mentiras buscan ensuciarnos y obstaculizar el trabajo que venimos realizando. Esta operación mediática no es la primera ni será la última, por eso quiero sostener este modo de contacto directo con mis vecinos, como cuando nos vemos en las reuniones vecinales”, dijo en un video y en un hilo de Twitter.
Y agregó: “Los periodistas y dueños de medios responden a intereses que no son los de los vecinos de Quilmes. Yo sí cuido los intereses de mis vecinos, ellos tienen otros, sería bueno saber a qué intereses responden para mentir tan impunemente sobre nosotros como lo hacen”.