El gobierno nacional convocó al de la Ciudad de Buenos Aires a una mesa de diálogo donde se discutirá el costo de los subsidios a 32 líneas de colectivos que el año pasado fue de alrededor de 14.600 millones de pesos. Según el ministerio de Transporte de la Nación, ese monto se distribuirá en el resto de las provincias, un reclamo que hicieron varios gobernadores ante la disparidad en las tarifas: mientras el boleto mínimo cuesta $18 en CABA y el conurbano bonaerense, en Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Bariloche está entre 60 y 70 pesos.
La intención desde Transporte es que el gobierno porteño “tenga autonomía para establecer tarifas, recorridos, frecuencias, regulaciones y competencias” y que “se terminen las distorsiones de precios”, en los pasajes. Las primeras reuniones entre autoridades de ambas jurisdicciones para avanzar en este traspaso podrían darse esta semana. “Estamos dispuestos a sentarnos a hablar, siempre que sea con seriedad y responsabilidad”, expresó una alta fuente del gobierno porteño.
Desde el Gobierno alegan que la Ley 26.740 que fue sancionada en 2012 nunca terminó de traspasarle el transporte a CABA. En esa ley sancionada el 28 de marzo, mientras Mauricio Macri era el jefe de Gobierno, se estableció en su artículo 2° que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y Premetro; de transporte automotor y de tranvía cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El traspaso se daría solamente con las líneas jurisdiccionales, o sea todas las que transitan solamente por el territorio porteño. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá analizar qué hará con las tarifas porque puede mantener el subsidio o aumentarlas. Las otras 268 líneas que cumplen servicios entre la Ciudad y el Conurbano mantendrían los subsidios como están.
“En 2015 se avanzó con el traspaso del servicio de subtes. Pero después todo quedó estancado. Si se concreta le permitirá readecuar su sistema de transporte, establecer sus propios recorridos y determinar que hará con las tarifas”, le explicó a Infobae Diego Giuliano, secretario de Gestión del Transporte de la Nación. Desde la Ciudad dicen que la convocatoria al diálogo por este tema fue “muy escueta, sin ningún detalle sobre que aspectos abarcaría” y que se necesitará que haya un acuerdo entre las partes y que luego lo ratifique la Legislatura de la Ciudad para que se transforme en realidad.
Todas estas líneas del área metropolitana, además de las interjurisdiccionales, como las que existen entre Resistencia (Chaco)-Corrientes, entre Cipolletti (Río Negro)-Neuquén o entre Paraná-Santa Fe, quedaron fuera del Fondo Compensador que se creó en 2017 con el Consenso Fiscal firmado por todas las provincias en el que se comprometieron a administrar su propio transporte público. En 2019 ese Fondo Compensador demandó 6.500 millones de pesos. Por la pandemia, cuando los colectivos tuvieron menos pasajeros debido a las restricciones en la circulación de personas, en 2020 subieron a 18.500 millones y en 2021 la cifra de subsidios trepó a 28.000 millones.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, planteó nuevamente el tema cuando inauguró las sesiones legislativas en su provincia el 1 de febrero. Tres de los diputados cordobeses que responden al mandatario provincial -Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca- pidieron en el Congreso Nacional que el boleto del transporte urbano en Córdoba valga 18 pesos al igual que en AMBA. Esta solicitud de produjo luego de que el intendente de la capital mediterránea, Martín Llaryora, junto a los intendentes de otras ciudades como Santa fe y Rosario acordaran incrementar el boleto a 59,35 pesos.
“Hace tiempo que este tema está en agenda aunque por la pandemia se fue postergando. Pero no será una decisión unilateral sino una discusión que apunta a fortalecer el federalismo”, asegura Giuliano. En la Casa Rosada descartan una relación entre esta decisión con la reducción de subsidios que exigió el FMI al Gobierno en el marco del principio de entendimiento para renegociar la deuda externa, que implicará subas en las tarifas de luz y gas.
En la Ciudad sostienen que si es un tema “de gestión” están dispuestos a negociar, como ocurrió con el subte en 2015. Remarcan que el contexto del transporte automotor tiene ciertas complejidades. Por ejemplo con líneas de colectivos que salen de partidos aledaños a la Ciudad en la zona Sur como Lanús o Avellaneda y atraviesan la metrópoli para terminar en otros como Vicente López o La Matanza. “No podés cobrar a un precio el boleto de Avellaneda a Barracas, poner otro más caro entre Barracas y Congreso y otro de Belgrano a Vicente López que sea más económico”, detallaron.
Actualmente el costo de los subsidios en la Ciudad se afronta casi en partes iguales, unos 7.000 millones de pesos aporta cada parte. A la Nación le preocupa que con la pandemia el Ejecutivo porteño haya disminuido las partidas presupuestarias hasta un 44%, cuando en 2019 se hacían cargo del 81%.
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