El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le informó ayer al Consejo de la Magistratura de la Nación que es “difícil -por no decir imposible-” designar a su nuevo representante en el organismo en los plazos que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, el Consejo de la Magistratura suma problemas para completar el cuerpo en los 120 días que le dio el máximo tribunal.
La respuesta del CIN llegó al Consejo junto con las del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). El CPACF también sostuvo que no llega a organizar sus elecciones y la FACA y el AMFJN que a pesar de las dificultades en la organización y los tiempos exiguos avanzarán en sus comicios.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación y de la selección y acusación de jueces nacionales y federales. La Corte señaló que no respeta el equilibrio que debe haber entre los estamentos políticos (hoy siete representantes) y los técnicos (seis) que fija la Constitución Nacional.
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Así, el máximo tribunal le pidió al Congreso Nacional que dicte una nueva ley y le dio al Consejo un plazo de 120 días corridos para adecuarse. Si eso no ocurre el 15 de abril -cuando vence el plazo- debe volver a su anterior integración de 20 miembros. Y si eso no se logra todo lo que haga desde el 16 de abril será nulo. Esa es la principal preocupación en el Consejo.
Los siete consejeros que deben ingresar para completar los 20 son: un juez, dos abogados, un diputado, un senador, un representante de los académicos y el presidente de la Corte, Horario Rosatti. El juez y los abogados deben ser elegidos en elecciones.
El académico, que debe sumar a su actual representante, Diego Molea, presidente del Consejo, debe ser designado por el CIN, el organismo que nuclea a las 57 universidades nacionales. Su titular, Rodolfo Tecchi, envió ayer una nota al Consejo. “La tarea ordenada por parte del Máximo Tribunal resulta de difícil -por no decir imposible- cumplimiento en los plazos estipulados”, sostuvo el CIN y explicó los motivos.
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Uno es que para la elección del consejero se debe dictar un reglamento que está caduco hace 23 años y que para eso se debe reunir el Consejo Ejecutivo del CIN cuya próxima reunión está prevista para el 8 de febrero. También que ese reglamento debe ser aprobado luego por el Plenario de Rectores y Rectoras que se reunirá recién en abril, mes en el que vence el plazo que dio la Corte.
También el CIN señaló que en enero las 57 universidades nacionales están en receso para reunir la información que requiere la elección. Por otra parte, el organismo marcó la situación sanitaria. Sostuvo que las universidades desde marzo del año pasado trabajan de manera virtual y los mandatos de los rectores fueron prorrogados porque no se pueden hacer actos presenciales para cumplir con los protocolos nacionales y provinciales y que ante el aumento de casos que se están registrando será más dificultoso hacer una elección en febrero.
“Por estas razones, es que solicito a usted, tenga a bien comunicar a las autoridades pertinentes las dificultades señaladas, a fin de poder realizar el procedimiento electivo en plazos razonables”, cierra la nota.
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En una línea similar, el CPACF también planteó en el Consejo los problemas para hacer una elección y designar a su representante antes del 15 de abril. La entidad -en una nota firmada por su presidente Eduardo Awad y el secretario Martín Aguirre- señaló que en abril son las elecciones para renovar sus autoridades, los padrones no están actualizados, la situación sanitaria está en crecimiento de casos de coronavirus y que el plazo que dio la Corte es exiguo. Por eso propuso otras salidas: que se le pida más tiempo a a la justicia para completar el organismo, que se lo haga con el resultado de las últimas elecciones del Consejo del 2018 (eso le conviene a la actual conducción del CPACF porque ingresaría su representante de la agrupación “Gente de Derecho”) y que se pida que se habiliten las sesiones extraordinarias para que el Congreso Nacional trate un nueva le ley del Consejo.
La propuesta de completar el organismo con la elección del 2018 fue rechazada por las agrupaciones de abogados que se referencian en el PRO y la UCR, opositoras a la actual conducción del CPACF, y por la FACA y la AMFJN, que pidieron hacer nuevos comicios.
La AMFJN, en una nota de su presidente Marcelo Gallo Tagle, le dijo al Consejo que las elecciones par elegir al nuevo juez “podrían desarrollarse sin inconvenientes dentro de la semana previa” a la asunción. También que “preferentemente” debe ser una mujer para cumplir con la paridad de género que plantearon diversas organizaciones. De los actuales 13 integrantes del Consejo, solo cuatro son mujeres. La AMFJN también alertó sobre cuál puede ser la situación de pandemia para cuando el año que se viene se hagan las elecciones.
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Por su parte la FACA, a través de su presidente José Luis Lasalle y su secretario Marcelo Scarpa, también se comprometió a hacer las elecciones a pesar de los plazos exiguos por lo que pidió contar en el menor tiempo posible con el padrón de votación y que haya paridad de género en las listas que se presenten.
Todas las notas que el Consejo recibió se las envió ayer al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la titular del Senado, Cristina Kirchner, y de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Allí el organismo expuso la situación por el fallo de la Corte y pidió que se convoque a sesiones extraordinarias para tratar una nueva ley del Consejo. Otro de los caminos que explora el organismo -que trabajará en enero durante el receso judicial- para cumplir con el fallo del máximo tribunal.
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