La Fundación Led realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las limitaciones a la libertad de opinión y la afectación de los derechos políticos de los ciudadanos en la Argentina a raíz de las demanda judicial presentada por el presidente Alberto Fernández contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, en ocasión de haber opinado públicamente sobre las negociaciones con laboratorios extranjeros para acceder a las distintas vacunas contra el COVID-19.
La denuncia, elaborada por el abogado Julián Curie y los miembros de la Fundación Silvana Giudici, Carlos Aguinaga y Denisse Toperberg, fue dirigida a la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaunm Panszi, al Relator Especial para la Libertad de Expresión comisionado Pedro Vaca Villarreal, y a la Relatora para Argentina comisionada Julissa Mantilla Falcón.
En el escrito se detallan las declaraciones y acusaciones del demandante, Alberto Fernández y de su abogado Gregorio Dalbón, contra la titular de PRO. “El estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en el país la existencia de estas demandas cuando provienen de las máximas autoridades gubernamentales y van dirigidas hacia quienes opinan en contra de sus decisiones o políticas”, advirtieron en un comunicado.
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En la presentación, Led consigna el reciente fallo en favor del periodista Eduardo Feinmann, denunciado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2018 al acusarlo de difamación por opiniones sobre su gestión anterior. El escrito también recuerda los casos del periodista Gabriel Hernández, condenado a pagar 2 millones de pesos por emitir en su programa de radio comentarios de oyentes en contra del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el caso de Diego Masci, condenado por emitir un video de una ministra del gobierno de San Luis.
“Estos hechos conforman un escenario cada vez más frágil para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, periodistas y/o dirigentes de la oposición, por lo que los abogados de la Fundación consideran necesaria la intervención de la CIDH como forma de establecer una alerta temprana sobre la degradación de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y opinión, que de ningún modo puede estar afectada ni sujeta a responsabilidades ulteriores, como la multa de 100 millones de pesos que pretende cobrar el primer mandatario en su demanda a una de las principales dirigentes de la oposición”, concluye el comunicado de la Fundación Led.
Texto completo de la denuncia ante la CIDH