La decisión del gobierno nacional de avanzar con la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a los jueces permitió un acercamiento entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich.
Para Larreta, “la idea de crear una comisión legislativa ad hoc para ‘controlar’ a los jueces es abiertamente inconstitucional” y se opuso “con firmeza”. “En un sistema republicano como el nuestro, es esencial que exista una clara división de poderes”, enfatizó.
En tal sentido, recordó que la Constitución argentina establece “el sistema de frenos y contrapesos” entre los poderes justamente “para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente”.
“Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia”, advirtió Larreta a través de sus redes sociales.
Por su parte, la presidente del PRO cuestionó la decisión al sostener: “Presidente, ¿pretenden sancionar e interrogar jueces desde una Comisión Parlamentaria? ¿Quiere romper el sistema constitucional? No provoque más a los argentinos: nos va a encontrar defendiendo la República. Está llevándonos a un enfrentamiento sin medir las consecuencias”, escribió la ex ministra de Seguridad en sus redes sociales.
El mensaje no solo tiene como destinatarios a miembros del gobierno nacional. Bullrich también le habla a la interna que espera de ella una postura dura frente al kirchnerismo. Esta postura ideológica fue expresada el lunes en un zoom con Horacio Rodríguez Larreta donde los dirigentes confrontaron visiones políticas.
En su entorno lo explican así: “El tema de ser moderados o duros no depende de nosotros, sino del kirchnerismo. Si ellos quieren hacer una comisión para echar a los jueces, nosotros tenemos que ser duros, no queda otra”.
Esta mañana, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, intentó desactivar la polémica generada en torno a la comisión bicameral. La idea surgió como respuesta a un pedido realizado por el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales a El Destape.
La funcionaria -de máxima confianza del presidente Fernández- explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos.
Esas atribuciones habían sido señaladas en un principio por el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, el primero en anunciar públicamente que el Frente de Todos estaba trabajando en la conformación de la bicameral. Ayer, en una entrevista, había reconocido que pretendían poder citar a jueces y fiscales para que den explicaciones por sus decisiones. La abogada Graciana Peñafort, integrante del equipo de Cristina Kirchner en el Senado, había ido más allá y había planteado la posibilidad de “remover” jueces.
“En realidad lo que planteó el Presidente es que el Congreso asuma el rol cruzado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son facultades que tienen otras instituciones”, explicó este miércoles Losardo.
Bullrich no fue la única opositora que se expresó sobre el tema. El diputado radical Alfredo Cornejo dijo que le parece pésima la idea. “Sobre la Justicia está redoblada la presión, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública y la presión mediática”. “Si bien Cristina Fernández dice que esta no es su reforma judicial, la que tiene media sanción del Senado y está estacionada en Diputados es una mera creación de cargos para reemplazar a jueces independientes por jueces adictos”, explicó.
Y agregó: “La reforma no avanza en la Cámara de Diputados por nuestra eficacia, pero no tenemos mayoría propia, por lo que esto dependerá de las elecciones del 2021”.
El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli también salió al cruce de la decisión del mandatario nacional y coincidió en que avanzar con una comisión legislativa para controlar a los jueces “es un atropello a la Constitución”.
“Es una herida a la democracia que atenta a la división de poderes”, aseguró sobre el proyecto para conformar una Bicameral en el Congreso que realice “el control cruzado” sobre el Poder Judicial.
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