El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, ordenó que el próximo 28 de diciembre se proceda al desalojo de dos predios pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en El Bolsón que fueron ocupados por un centenar de familias en agosto pasado, aunque un recurso de casación puso freno a la medida.
La problemática fue una de las que abordaron las ministras de Seguridad y de Justicia de la Nación, Sabina Frederic y Marcela Losardo, en una reunión que mantuvieron con el intendente local Bruno Pogliano y directivos locales del INTA.
Las funcionarias se trasladaron en helicóptero a El Bolsón –a 120 kilómetros de Bariloche- para definir los pasos a seguir, en caso de que avance la medida judicial.
Fuentes del municipio confirmaron que de las 130 familias que ingresaron a los predios, sólo 40 decidieron permanecer en el sitio y resistir el desalojo en caso de no recibir propuestas habitacionales inmediatas de parte del Gobierno, aunque los demás optaron por abandonar el lugar una vez que conocieron la resolución judicial.
El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó el planteo del INTA para desalojar los predios de la reserva natural Loma del Medio aunque la Cámara Federal de Apelaciones, con sede en General Roca, revocó el fallo y dispuso el desalojo.
A partir de esa medida, Zapata emitió una resolución para desalojar el lugar el próximo 28 de diciembre aunque un recurso de casación que presentó el Defensor de Menores Eduardo Peralta congeló la desocupación del sitio.
Con esa información en la mano, la comitiva nacional viajó la localidad del conflicto para obtener detalles precisos sobre la situación, las herramientas gubernamentales que dispuso la comuna bolsonense y evaluar los pasos a seguir, en caso de un eventual desalojo.
“Buscamos avanzar en una solución para la toma de las tierras ocupadas en Loma del Medio a partir de estrategias de consenso y apelando a herramientas de diálogo”, mencionaron a Infobae fuentes de la comitiva.
La ocupación de tierras se realizó en dos etapas. En la primera de ellas cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el organismo cedió a un club deportivo denominado El Refugio. En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo, ubicada en la Subida de Brea, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.
El objetivo de Zapata era “allanar las construcciones -aun precarias- que pudieran hallarse en el lugar y requisar los vehículos y personas que estuvieran allí, con el objeto de proceder al secuestro de elementos constitutivos de los ilícitos investigados y que permitan dilucidar la responsabilidad que podría caberle a cada sujeto -entre ellos herramientas, celulares, anotaciones, inscripciones, etc”.
En su resolución, notificada a las partes y a diversos organismos, Zapata ordenó la identificación de las personas que estén ocupando el predio, notificándolas que están imputadas por el delito de usurpación y de su obligación de designar defensor.
Además, facultó a las fuerzas que intervengan a detener “a las personas que intenten impedir el cumplimiento de la medida dispuesta”. El magistrado encomendó al Ministerio de Seguridad la designación de una fuerza “con capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública” y remarcó que deberán extremarse “las medidas para resguardar la vida e integridad física de las personas, especialmente de aquellas que -eventualmente- intenten impedir la realización de la diligencia”, minimizando al máximo posible el uso de la fuerza y ajustando el uso de armamento a las reglamentaciones vigentes, y de acuerdo a “principios de proporcionalidad, gradualidad, legalidad y oportunidad”.
Días atrás fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación mencionaron que hubo reuniones con las autoridades nacionales del INTA para “buscar una salida ordenada, cumpliendo lo dispuesto por la Justicia aunque tratando de evitar el uso de la fuerza pública”.
En su resolución, que ahora quedó en suspenso, el magistrado interino ordenó desarmar las casillas precarias que los ocupantes del predio instalaron en el lugar y atender estrictamente “las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
La resolución del magistrado fue notificada legalmente a varios estamentos y organismos nacionales, provinciales y municipales.