Cuando Alberto Fernández asistió a la jura de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, a principios de este mes, uno de los temas que se planteó durante la reunión bilateral entre ambos mandatarios fue la situación de Facundo Molares Schoenfeld, un argentino que permanece detenido desde fines de 2019, acusado de ser un guerrillero de las FARC, en medio de protestas de Montero, en Santa Cruz, tras las fallidas elecciones presidenciales.
Gracias a la gestión, impulsada también por el canciller Felipe Solá, Bolivia pidió la semana pasada al Ministerio Público que revise el caso Molares bajo el argumento de que recibió tratos crueles y degradantes durante su detención bajo la gestión presidencial de Jeanine Áñez.
”He leído la acusación de la Fiscalía de 43 páginas y le pido al fiscal general que revise la acusación; no encuentro ni un solo elemento o prueba para acusar penalmente a este ciudadano”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa.
Tanto su familia, como los funcionarios de Argentina y Bolivia, advirtieron que el estado de salud de Molares es delicado. Tiene un fallo renal, está internado con Covid-19 y, al momento de quedar detenido, estaba herido de bala. La policía boliviana, en aquel momento, lo involucró con la muerte de dos personas, que también participaron de las protestas de Montero, y se lo mencionó como un integrante de las FARC que había arribado al país en calidad de “instructor”.
“El ministro (de Justicia de Bolivia) reaccionó inmediatamente y se metió en el tema, leyó la acusación de la Fiscalía, hizo declaraciones, y dijo que no hay ninguna razón para la cual no cese el trato denigrante e inhumano con Facundo Molares y que debe ser puesto en libertad”, planteó Solá en declaraciones radiales.
Y amplió: “Esto para nosotros es muy importante porque hay un gobierno encima del tema. Y además Facundo dio positivo de COVID y está internado en una clínica en La Paz, porque no puede estar en la cárcel. Entonces, se hace urgente que haya justicia. Acá hay denegación de Justicia El otro gobierno, al que la Argentina no reconoció, lo había convertido en un preso político, aduciendo antecedentes pero sin ninguna prueba de acción ilegal en Bolivia”.
Evo Morales también se hizo de la gestión diplomática sobre la situación del argentino, militante del Partido Comunista y fotoperiodista: “Nos sumamos al pedido que hacen las organizaciones de Derechos Humanos y políticas de Argentina para que, por razones humanitarias y ante la vida en serio peligro, repatrien a Facundo Molares″, afirmó el ex presidente de Bolivia en las redes sociales.
Molares Schoenfeld había viajado el año pasado a Santa Cruz de la Sierra, procedente de Colombia, a cubrir las elecciones bolivianas para la revista digital Centenario. Según reveló su padre, Hugo, a la agencia Telam, el 11 de octubre de 2019 fue internado de urgencia por una insuficiencia renal en un hospital de la ciudad. Fue internado como NN hasta que pudo viajar al día siguiente y lo identificó.
Se trata de una “detención irregular, sin existencia de imputación penal específica, lo que constituye una violación al art. 8.2.b del Pacto de San José de Costa Rica”, enfatizó Molares, que es juez de paz en Trevelin, Chubut.
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