La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina que congrega a jueces de segunda instancia de todo el país señaló que no es correcta la afirmación acerca de que el Poder Judicial “ha dejado de funcionar” debido a las medidas tomadas por la pandemia de coronavirus.
La Junta, que es presidida por el camarista federal de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, explicó en un comunicado que “acorde a los propósitos para los que ha sido constituida - entre los que se encuentra poder contribuir con la comunicación que la ciudadanía merece en un Estado Republicano de Derecho - hace saber por este medio, que no sólo resulta preocupante sino totalmente infundado, suponer que desde la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio -dispuesto mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional- uno de los tres Poderes del Estado, como lo es el Poder Judicial de la Nación, hubiera dejado de funcionar, privando a la ciudadanía precisamente en estos tiempos de crisis, de una de sus actividades esenciales, como lo es la administración de justicia”.
La Junta que congrega a los presidentes de cámara de todas las provincias agregó que “en este sentido, es sabido que como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional y la declaración de la pandemia del Coronavirus (COVID 19), la medida de aislamiento dispuesta por las autoridades del Ejecutivo Nacional desde el 20 de marzo - sucesivamente prorrogada hasta el 10 de mayo - ha obligado al Poder Judicial de la Nación a adaptarse a esas medidas restrictivas de circulación, como forma de contribuir con la contención y de evitar la propagación de la enfermedad”.
Los camaristas plantearon que “en ese contexto, la Corte Suprema de Justicia, desde el dictado de la Acordada 6/20 ha sucesivamente implementado diversas medidas, y en los términos de lo previsto en el artículo 2 del Reglamento para la Justicia Nacional, ha dispuesto una feria judicial extraordinaria, en consonancia con las disposiciones sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación, conjugando desde su inicio, la protección de la salud del personal - como así también la de los profesionales y ciudadanos que concurren a los Tribunales - con una función estatal básica que sirve a la satisfacción de un derecho fundamental, cual es: el acceso a la jurisdicción con las debidas garantías”.
En el comunicado abundaron en detalles para explicar por qué no está paralizado el Poder Judicial: ”Así, las razones de salud pública que justificaron su dictado, en momento alguno representaron la paralización de la actividad judicial, pues al mismo tiempo se fueron implementando e incrementando - a partir de las directivas de la CSJN y en virtud de los reglamentos y acordadas que cada Cámara Nacional o Federal adoptó - diversas reglas de trabajo, tales como la de permitir y habilitar el trabajo remoto del personal judicial; la utilización de las firmas digital y electrónica; el avance en la digitalización de los expedientes judiciales, eximiéndose de la presentación del soporte papel, contando para ello con la asistencia permanente del Consejo de la Magistratura; además de autorizar la concurrencia y la celebración de acuerdos por medios virtuales o remotos y de establecer un procedimiento para la recepción de demandas, interposición de recursos directos y recursos de queja, de manera totalmente virtual; herramientas éstas que permitieron que lejos de paralizar la justicia durante este tiempo, se exigiera un máximo esfuerzo y constante atención de todos aquellos casos que no admitían demoras”.
Los camaristas listaron las actividades judiciales que se siguen realizando en medio de la pandemia: “En efecto, lejos de la inactividad absoluta como pareciera que se interpreta una feria judicial, se han atendido múltiples materias, además de las que la Corte Suprema indicó como prioritarias en sus Acordadas, brindado respuesta jurisdiccional no sólo a la gran cantidad de casos penales que se originaron con motivo de los quebrantamientos de la cuarentena obligatoria, sino también a innumerables y variados temas de salud, menores, violencia doméstica, habeas corpus, créditos laborales, honorarios de profesionales, por tan solo citar unos pocos ejemplos, celebrándose incluso audiencias a distancia, por videollamadas o videoconferencias, asumiéndose en todos los casos y frente a estas nuevas tecnologías, el desafío de garantizar el ejercicio de los derechos de las partes en los procesos”.
Y concluyeron que “de tal forma y en esta nueva etapa, estamos convencidos que el Poder Judicial debe acompañar las políticas públicas que se dictan a nivel nacional en la lucha contra el avance de la pandemia, y somos conscientes que debemos encarar el desafío institucional de incrementar el número de materias y casos que sea posible atender, manteniendo un mínimo tránsito de personal y flujo de asistentes. Por ello continuaremos trabajando para transformar y mejorar las prácticas judiciales, con el más alto grado de compromiso y con el propósito de que -según las particularidades y características que presenta cada jurisdicción - se adopten todos aquellos procedimientos que garanticen una tutela judicial dinámica, eficiente y transparente, tal y como la que constitucionalmente estamos llamados a prestar y la sociedad nos reclama”.
Creada en 2005, la Junta es un espacio institucional donde en reuniones mensuales las máximas autoridades del Poder Judicial debaten y acuerdan las estrategias de mejora continua en las distintas facetas y jurisdicciones que hacen al servicio integral de la administración de justicia.
El cuerpo nació con la misión clara de velar por la excelencia en su ejercicio como uno de los poderes del Estado, según el mandato constitucional. Para ello, además de debatir cuestiones que hacen a la mejora del funcionamiento de los tribunales del país, promueve las gestiones que corresponda implementar ante los distintos estamentos, para que los conflictos en los que debe mediar el Poder Judicial encuentren soluciones rápidas y eficaces.
Un hito importante en la vida de este Cuerpo fue el primer encuentro con el por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, quien respaldó la labor desarrollada hasta entonces por la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales. Fue a partir de ese primer encuentro con la Corte Suprema que la tarea desarrollada por el cuerpo cobró intensidad y trascendencia: en 2013 puso a consideración del Alto Tribunal sus observaciones a los proyectos de ley para la "democratización de la justicia", planteos refrendados por el Congreso y traducidos luego en jurisprudencia, a partir de los diversos pronunciamientos judiciales.
En esa misma línea, la Junta aportó su visión consensuada en relación a la Ley 27.415, de “procedimientos para la designación de subrogantes”, cuya inconstitucionalidad declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente “Uriarte”, entre muchos otros antecedes.