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Jubilaciones de privilegio: el oficialismo intentará obtener dictamen de comisión para tratarlo mañana en Diputados

La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión, presididas por los legisladores oficialistas Carlos Heller y Marcelo Cassareto, está convocada para hoy a las 14

(Maximiliano Luna)

El proyecto que envió el Gobierno para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos comenzará a ser tratado este miércoles en la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones, donde buscará obtener un dictamen para aprobar la iniciativa en la sesión prevista para mañana. Desde el Consejo de la Magistratura advirtieron que de sancionarse la ley, “renunciarían entre 100 y 150 jueces”.

La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión, presididas por los legisladores oficialistas Carlos Heller y Marcelo Cassareto, está convocada para hoy a las 14. El Frente de Todos cuenta con un número suficiente en las comisiones para conseguir un dictamen de mayoría, aunque dependerá de la voluntad de Juntos por el Cambio y de las negociaciones que se puedan llevar a cabo con la bancada opositora para conseguir el quórum para sesionar este jueves.

Legisladores convocaron para que expongan sobre la iniciativa que regula el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos a representantes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). Además, está previsto que participen el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli.

Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó el proyecto del Gobierno al afirmar que de aprobarse la ley “renunciarían entre 100 y 150 jueces", que “ya tienen la jubilación concedida por cumplir con los requisitos de edad (60 años) y aportes (más de 30 años)”. Además, en declaraciones a Télam, advirtió que la oleada de jubilaciones “generaría entre 380 y 430 vacantes” en el Poder Judicial, ya que se suman a los 130 pliegos que actualmente están en concurso en el Consejo de la Magistratura par cubrir cargos vacantes, algo que no se resuelve “de un día para el otro”.

“El Poder Judicial se quedaría con la mitad de los jueces activos para seguir cumpliendo sus tareas en los tribunales del país”, enfatizó Lugones.

Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura (Gustavo Gavotti)

Por su parte, Claudio Moroni resaltó el impacto económico de las jubilaciones de privilegio: “El de jueces y servicio exterior es un régimen que provoca un déficit enorme y requiere que el resto de la masa de aportantes pongan mucha plata”. El ministro aclaró que no pretenden que “los jueces compartan sus beneficios con el resto, sino que requieran menos aportes del resto de la población de Anses”.

La iniciativa mantiene “la tasa de sustitución del 82%”, remarcó Moroni resaltando que “lo único” que proponen es que “en lugar de calcular sobre el último haber se calcule sobre un aumento del promedio de los últimos diez años” porque “tiene más relación el promedio de los últimos 120 meses con el esfuerzo contributivo de cada uno".

Claudio Moroni (Foto: Presidencia)

La postura de la oposición

Este martes a última hora se reunieron diputados de de los tres bloques que componen Juntos por el Cambio: PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con especialistas en sistema previsional para terminar de definir posiciones con respecto al proyecto que presentó el Gobierno semanas atrás. Desde la oposición le confirmaron a Infobae que en el encuentro se habló de cuestiones técnicas, y que lo político queda para hoy en las reuniones de bloque y en el tratamiento en el plenario de comisiones.

En diálogo con Crónica, el radical Alejandro Cacace afirmó que “nosotros mismos presentamos un proyecto para derogar esas jubilaciones de privilegio, no puede haber funcionarios que tengan privilegios que la ciudadanía no tiene”. El diputado respaldó la iniciativa aunque manifestó que “debería incorporar las jubilaciones de la Corte Suprema y del presidente y vicepresidente de la Nación”.

Por su parte, el diputado del PRO, Pablo Tonelli habló en nombre del interbloque al expresar: “Tenemos dudas y certezas, estamos de acuerdo que el régimen requiere modificaciones, aumentar la edad a 65 años, aumentar el aporte, las exigencias a la hora de determinar el haber jubiltatorio”, respaldó. Sin embargo, enfatizó en que “la preocupación es un éxodo masivo de jueces, de un vaciamiento del poder judicial. Está en juego el funcionamiento de la justicia”, alertó.

Hoy a las 11.30 los 116 representantes de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja realizarán otro encuentro para definir el quórum y la estrategia de cara a la posición que llevarán al recinto. El presidente del principal bloque opositor, Cristian Ritondo, adelantó que la bancada “rechaza el debate exprés”, y que la iniciativa debe ser “sancionada por consenso y no por la presión del Poder Ejecutivo”. “Ejercemos una oposición constructiva y nada que sea producto de un apuro puede ser positivo para las instituciones republicanas”, publicó en sus redes sociales.

Cristian Ritondo

El Frente de Todos tiene previsto tratar y aprobar la modificación del régimen jubilatorio para jueces y diplomáticos en la sesión prevista para este jueves, si consigue esta tarde el dictamen en el plenario de comisiones. El oficialismo cuenta con legisladores suficientes para lograrlo, aunque dependerá de acordar con Juntos por el Cambio para alcanzar el quórum de la sesión de mañana.

Con sus 11 integrantes, el interbloque de lavagnistas y peronistas cordobeses aún no definió su posición, aunque prevalece la idea de apoyar el proyecto oficialista. Mientras que el gremio de judiciales dirigido por Julio Piumato planea un paro y una protesta frente al Palacio de Justicia este jueves al mediodía cuando la Cámara de Diputados comience el tratamiento del proyecto de ley.

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