Otra vez, el Gobierno se encamina en el Congreso a darle trámite urgente a un proyecto que la oposición de Juntos por el Cambio rechaza por su discusión exprés: el próxima jueves, el Frente de Todos buscará darle media sanción en Diputados a la ley que modifica las jubilaciones especiales del Poder Judicial y del servicio diplomático tras asegurarse la presencia de los aliados y negociar cambios en la letra chica de la iniciativa.
En la tarde de ayer, en el entorno de Sergio Massa, el presidente de la Cámara baja, aseguraban a este medio que el ex intendente y el jefe de la bancada oficial, Máximo Kirchner, ya se habían cerciorado del número para el quórum de la sesión especial prevista para el jueves 27, tres días del discurso de Alberto Fernández de inicio de las sesiones ordinarias.
Incluso este viernes había osadas versiones que daban cuenta de que, en caso de tener una media sanción contundente, 24 horas después el Frente de Todos podría avanzar sobre tablas en la sesión del Senado prevista para el viernes 28, por ahora convocada para debatir la ley de góndolas. “Técnicamente se puede. No se sí políticamente lo van a hacer”, explicaba anoche un estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que viajó a El Calafate para el fin de semana de carnaval.
El rumor perdía fuerza con el correr de las horas, por la tensión política.
Desde el envío del proyecto, que modifica el régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y defensores oficiales federales y del servicio diplomático, el viernes 14, la corporación judicial inició una contundente presión sobre el Parlamento.
La asociación de fiscales que preside Carlos Rívolo y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo -uno de los más activos-, se reunieron primero con algunas de las principales espadas de Juntos por el Cambio en la oficina de Cristian Ritondo. Al día siguiente, el martes, tocaron la puerta del despacho de Graciela Camaño, una de las referentes del Interbloque Federal -Eduardo “Bali” Bucca, fuera de la Ciudad, mantuvo conversaciones telefónicas con Massa y con Kirchner-, y de José Luis Ramón, jefe del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
El rol de Ramón, un aliado permanente del Frente de Todos, es clave: en medio de las negociaciones y del lobby de los jueces y fiscales, presentó un proyecto alternativo en sintonía con el gremio que conduce Julio Piumato. La iniciativa incluye a los cargos de menor rango y a los empleados judiciales que la ley de la Casa Rosada dejaba afuera.
Altas fuentes del Frente de Todos aseguraron en ese sentido que, a pesar de la orden de Alberto Fernández de avanzar a paso firme y con premura, Massa tenía vía libre para “subsanar” la exclusión de los trabajadores judiciales del proyecto. En el anexo de la ley presentada.
En eso trabajaban en estos días Piumato, Ramón, Massa y la diputada Vanesa Siley, del FDT y de origen gremial.
El miércoles, en la reunión de mesa chica de Juntos por el Cambio, Mario Negri telefoneó a Massa delante de sus colegas de bloque para confirmar la versión periodística sobre la eventual convocatoria a plenario de comisiones del miércoles. El titular de la Cámara baja le confirmó la información. Y le aseguró que viabilizaría la exposición de las asociaciones de magistradores, de fiscales, de los gremios y los funcionarios involucrados.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social de dicha cartera, Luis Guillermo Bulit Goñi, y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, ya tienen reservada su presencia ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social.
La oposición tenía intenciones además de citar a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Pero desde el oficialismo explicaron que no está dentro de los planes. “La oposición quiere montar un show en torno a la Justicia”, se excusaron en el Frente de Todos. Dicen que el proyecto atañe técnicamente solo a Trabajo y a la ANSES.
Es que durante toda la semana, desde Cambiemos ventilaron duras críticas a las supuestas intervenciones del oficialismo en la Justicia. La gota que rebasó el vaso fueron, para la oposición, el video del jefe de Estado en el que aludió al lawfare y a las prisiones preventivas, y el proyecto de intervención federal del Poder Judicial de Jujuy del senador Guillermo Snopek, cuñado del gobernador Gerardo Morales.
Negri le pidió al Presidente que aclare si apoyaba o no la iniciativa. Aunque la más cruda fue Elisa Carrió: en un duro comunicado firmado junto a Maximiliano Ferraro y la Coalición Cívica, resaltó que hay un “claro golpe al Poder Judicial” y que el “accionar” de Cristina Kirchner “erosiona la figura” de Fernández.
En el caso del proyecto de jubilaciones, en Cambiemos no hay aún posición unánime. Ni el PRO, ni la CC ni la UCR le quieren hacer “el juego a los jueces”. Solo un puñado de legisladores macristas están abiertamente a favor de que la Justicia conserve privilegios. De hecho, una veintena de diputados radicales, encabezados por Alejandro Cacace, presentaron un proyecto mucho más duro que el del Poder Ejecutivo, que incluye además las jubilaciones del Presidente, del vicepresidente y de los miembros de la Corte Suprema.
En esa línea, Juntos por el Cambio tendrá en la noche del martes una reunión para terminar de fijar posición en vísperas del plenario del miércoles y la sesión del jueves. Esperan, además, un actuario que pidieron al Ejecutivo: quieren que Moroni informe cuántos funcionarios de la Justicia están en condiciones de jubilarse. Hablan de un vaciamiento del Poder Judicial.
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