Mauricio Macri dividió la transición presidencial en dos capítulos diferentes: “morderse la lengua” y poner todo el Estado a disposición de Alberto Fernández. Macri desea que la entrega del poder implique un salto cualitativo en la democracia moderna y ya dispuso lo indispensable para que Fernández maneje toda la información pública y secreta que controla la Presidencia de la Nación.
El Estado tiene información pública, y secreta, que está compartimentada y que el Presidente administra acorde a su agenda política y a sus necesidades institucionales. Esa información clave se distribuye en diferentes ministerios y no necesariamente significa claves de inteligencia, nivel de fondos reservados o instrucciones clasificadas para evitar posibles ataques terroristas.
Cada ministerio tiene su burocracia, sus expedientes internos, su caja, sus cuentas bancarias, sus claves tecnológicas, sus contratos administrativos, su flota de autos, sus edificios, sus tarjetas electrónicas, sus archivos, su colección de mails, los expedientes de sus empleados, el mobiliario y proyectos propios financiados por el Presupuesto Nacional y los créditos concedidos por organismos multilaterales y países alrededor del planeta.
Esta información es indispensable para tomar decisiones en tiempo real. Y es imposible que un presidente recién asumido pueda absorber este conocimiento casi infinito en las pocas semanas que aún quedan para la asunción del 10 de diciembre.
Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Wado de Pedro y Gustavo Béliz son los representantes formales de Fernández en la transición. Todos conocen cómo funciona la política y el poder, y cada uno de ellos representa a las distintas comunidades internas que confluyen en el Frente de Todos. Son cuatro representantes que tienen la confianza de Fernández y detestan comer vidrio molido.
Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Hernán Lacunza llevarán la transición en nombre de Macri. Frigerio y Lacunza tienen relación con Sergio Massa, De Pedro y Cafiero, mientras que Peña forma la troika para ejecutar las órdenes presidenciales y monitorear los planteos que aparezcan con la firma de Fernández.
No hay una sola medida económica que no se haya ejecutado sin consultar a los expertos del Frente de Todos que asumirán lugares relevantes en la administración peronista. Lacunza y Frigerio conversan en secreto con Massa y De Pedro, y en ese diálogo se apoya la posibilidad de contener a Macri cada que vez que Fernández enciende la pradera.
La pretensión de Macri de coronar una transición sin mayores obstáculos implica que la Secretaría Legal y Técnica prepara un decreto ordinario para reglamentar una hoja de ruta que puede atenuar los bandazos que eventualmente pueden enfrentar a los delegados de Macri y Fernández.
El borrador del decreto viajará a las nuevas oficinas del Frente de Todos en Puerto Madero y Macri y su gabinete firmarán al pie de su texto cuando Fernández haya aprobado hasta su última coma. La norma regulará desde la cesión de las claves de las computadoras que manejan los ministros de Macri hasta la forma de registrar la entrega de la información pública y secreta que controla el Estado nacional.
Macri se puso contento cuando se enteró de que Donald Trump había llamado a Fernández y Jair Bolsonaro había decidido enviar a su vicepresidente al cambio de mando del 10 de diciembre. En este contexto, el presidente abrió el capitulo “me muerdo la lengua” de la transición, que en términos simples significa que no contestará una sola de las opiniones del presidente electo sobre sus decisiones de gobierno.
La posición conciliadora de Macri se extiende a todos los miembros del gabinete. Macri ordenó que nadie puede replicar las declaraciones de Fernández, aunque se trate de una falacia o una felonía.
El Presidente pretende que la transición sea inobjetable. Una circunstancia política e institucional que no sucedió cuando reemplazó a Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015.
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