Un grupo de ex funcionarios y empresarios apelaron la valoración que hizo el juez Claudio Bonadio sobre los dichos de los arrepentidos en el marco de la causa de los cuadernos y sus derivadas. La Cámara Federal decidió rechazar esos planteos. Aseguró que el tema no era apelable porque no provoca “un gravamen irreparable” a la investigación y porque interpretó que los recursos eran una manera “elíptica” de cuestionar la prueba.
“La defensa pretende discutir por vía elíptica la valoración que, de la prueba recolectada en autos -específicamente de las declaraciones de los imputados que han optado por colaborar en el marco de la ley 27.304-, se ha efectuado en las decisiones adoptadas con relación su pupilo; circunstancia esta que excede el marco de esta incidencia y principalmente el sentido del resolutorio apelado”, sostuvo la resolución de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los planteos fueron hechos por el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su colaborador Martín Larraburu, el ex secretario privado de la ex presidenta Isidro Bounine, el empresario de Electroingeniería Gerardo Ferreyra y por el empresario Gustavo Dorf y Daniel Blanco, ambos imputados en la causa por lavado de dinero de Daniel Muñoz. Pero también por los empresarios imputados en la cartelización de la obra pública como Tito Biagini, Hugo Kot y Miguel Ángel Marconi, María Rosa, Gerardo y José Cartellone y Mauro Guatti.
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En ese expediente no hubo arrepentidos, pero las palabras del financista Ernesto Clarens y del ex secretario de Obras Publicas José López en el expediente por las anotaciones de Oscar Centeno sirvieron para abrir la causa de la cartelización de la obra pública, donde hubo más de cien hombres de negocios procesados.
El caso por la causa de los cuadernos ya fue elevado a juicio oral. Allí declararon como arrepentidos el remisero Oscar Centeno, los empresarios Juan Carlos De Goycoechea, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Héctor Zabaleta, Carlos Wagner, Jorge Neira, Aldo Roggio, Claudio Glazman, Juan Chediack y Ernique Pescarmona. También el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti y el ex contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, entre otros.
A un año del aluvión de arrepentidos que definió la suerte de la causa de los cuadernos, el juez Bonadio resolvió este jueves hacer una evaluación del aporte de 31 imputados que se convirtieron en “colaboradores” para avanzar en las acusaciones contra la ex presidente Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y un grupo de empresarios que participaron –dijo– en un sistema ilegal de recaudación que registró en sus anotaciones el chofer Oscar Centeno.
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La ley del imputado colaborador establece un capítulo para corroborar los dichos de los arrepentidos. Allí se sostiene que “dentro de un plazo no superior a un año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado”.
Con esta respuesta, será ahora el Tribunal Oral Federal 7, a cargo del futuro debate de cuadernos, el que tendrá que decidir si se pueden probar los dichos de los que se transformaron en imputados-colaboradores. De ser así, los arrepentidos recibirán el mínimo de la pena por el que llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados.
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