Frente a la presión del Frente de Todos y las distintas agrupaciones sociales y piqueteras, Mauricio Macri aceptó habilitar el debate parlamentario de la ley de Emergencia Alimentaria. Y es muy probable que después de la hora del té sea sancionada por unanimidad en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, como se trata de una iniciativa que no estaba prevista por el oficialismo y la oposición, aún no hay un sólo documento público que establezca el origen de las partidas presupuestarias para financiar los 10.000 millones de pesos que se necesitarán desde su sanción definitiva hasta el 31 de diciembre de 2019.
El proyecto establece que Marcos Peña, como jefe de Gabinete, hará las fintas administrativas necesarias para sostener la ejecución de la Emergencia Alimentaria. Pero a pocas horas de obtener su sanción definitiva en el Senado, todavía se desconoce qué inversiones públicas u obras de infraestructura caerán para solventar esta iniciativa redactada y empujada por el Frente de Todos.
Macri considera que ya dispuso de las partidas presupuestarias necesarias para enfrentar las consecuencias del plan de ajuste que cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y si en definitiva habilitó la discusión parlamentaria, se debió a la fragilidad política del gobierno y a evitar que su imagen electoral sufra otro "palazo" por los costos de obviar la Emergencia Alimentaria.
En el Ministerio de Acción Social ya hay suficientes fondos para responder a todas las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Y su ministra Carolina Stanley protagoniza todas las negociaciones posibles con los líderes de los movimientos sociales para lograr que la ayuda llegue sin escales y en tiempo y forma.
Esta información era manejada por los legisladores justicialistas que forzaron el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja. No obstante, esos legisladores que aparecen al lado del candidato Alberto Fernández, prefirieron ese fugaz rédito político antes de reconocer que la aplicación de la ley de Emergencia Alimentaria tiene un cumplimiento casi imposible.
Cuando la iniciativa sea sancionada hoy a la tarde, mañana Peña decida de dónde surgirán las partidas correspondientes y el viernes se promulgue, habrá exactamente 102 días para disponer de 10.000 millones de pesos destinados a la Emergencia Alimentaria. Poco tiempo para semejante fondo público.
El proyecto aliviana la burocracia estatal -hay compra directa y se excluyen las licitaciones-, pero no hay forma de comprar toneladas de alimentos y después distribuirlos con equidad y rapidez en los 24 distritos de la Argentina.
La iniciativa será tratada en una sesión especial que comenzará cerca de la tres de la tarde. Está previsto que cada presidente de bloque pueda hacer un discurso de no más de cinco minutos, y luego habría una corta lista de oradores.
Si se cumplen las reglas de juego, la Emergencia Alimentaria será sancionada por unanimidad y Macri ordenará su promulgación sin pérdida de tiempo. Un rápido gesto político que no tendrá correlato administrativo al momento de distribuir la ayuda social a los sectores más castigados por el ajuste, la pobreza y el desempleo.
No es posible ejecutar una partida de 10.000 millones de pesos en 102 días.
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