Una de las querellas en la causa que se tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia por la desaparición del ARA San Juan, a cargo de la abogada Valeria Carreras, impugnó el dictamen de la comisión evaluadora a través del cual el Ministerio de Defensa le preadjudicó a la empresa española Igeotest Geosciens S. L, la búsqueda del submarino desaparecido junto a sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017.
Este es el primer escollo que se presenta después de darse a conocer la novedad que no querían escuchar los familiares: que su empresa favorita en la compulsa, Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), cuyo CEO es el capitán venezolano –radicado en Miami– Hugo Marino, quedó afuera de la búsqueda.
Marino había convencido a buena parte de los familiares de las víctimas que su experiencia y la tecnología que disponía harían posible que encontrase al buque de guerra en un tiempo máximo de 100 días.
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Enterado de la novedad, Marino le aseguró a Infobae que no se quedará de brazos cruzados. "Si antes decían que hablaba, ahora me van a conocer verdaderamente", lanzó misterioso empresario y agregó que tiene muchas cosas para contar sobre los entretelones que habría detrás de la compulsa para seleccionar a la mejor firma para bucear el lecho del océano y hallar al único submarino argentino que estaba en operaciones.
Sin embargo, hasta ahora, no se expresó más allá de estas pocas palabras.
"Desde lo formal esta preadjudicación adolece de graves falencias, y desde lo práctico no da certeza de inicio de la búsqueda. Asimismo, valga aunque fuera de lo legal, el sentimiento de las familias que visto las características de la empresa elegida han caído en desesperanza", señala en uno de sus últimos párrafos la impugnación de la abogada Carreras que ahora deberá ser analizada por las autoridades.
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Las razones de la impugnación
La contratación directa que decidió realizar el ministro Oscar Aguad invocando "razones de urgencia" abarcaba dos ítems: esto es el medio de transporte necesario a tal fin, barco buque tripulación, comprendido en el "renglón 1"; y el medio técnico material, es decir el AUV, también conocido como Vehículo Submarino Autónomo.
En el pliego se detallan las especificaciones que debe cumplir la tecnología de los AUV, y que están descriptas en el "acápite C apéndice 3 punto 2, del Renglón 2".
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En su impugnación –que ya fue presentada ante el ministerio de Defensa– Carrera aseguró que "la Comisión Calificador, ha preadjudicado a la empresa Igeotest Geosciens S. L, solo para el Renglón 2, es decir para la provisión del equipo AUV y el personal idóneo para su manejo". Pero que objeta que "la empresa española Igeotest Geosciens S. L, solo ofreció un AUV marca Kongsberg sin ningún tipo de especificación técnica" y que "tampoco se ajustó al pedido puntual específico del pliego de contratación".
Por el contrario, razona la abogada querellante, "en el rechazo de otras empresas puede verse que fueron desestimadas porque 'la oferta no cumple con las especificaciones requeridas en el Acápite C del Apéndice 3, punto 4.2, calibración y configuración integral del equipamiento; 4.3 pruebas de muelle; 4.4 pruebas de mar y 4.5 operación integral del sistema'. El oferente no presentó la información correspondiente a los puntos mencionados precedentemente. Como en el caso de la empresa Grupo HGM Tecnologías Submarinas, S.A.".
La segunda objeción de Carreras es porque la empresa de capitales españoles no cumplió con el requisito del "punto 5" donde se solicitaba acreditar "idoneidad, experiencia, y solvencia en operaciones similares y demostrar capacidad técnica de los medios ofrecidos".
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A entender de la querellante, la empresa apenas "adjuntó un trabajo realizado en Marruecos, con un equipo que no es compatible con lo solicitado, que no acredita experiencia alguna en búsqueda, y que en modo alguno puede dar prueba de capacidad técnica relacionada con el fin de esta contratación, lease ubicación de submarino", sino que presentó antecedentes en "estudios de suelos para establecer plataformas de oil y gas".
En tercer lugar, Carreras –que representa a una de las tres querellas compuestas por familiares de los tripulantes del ARA San Juan– aseguró que: "Tampoco consta o pudo verificarse, que la empresa preadjudicada hubiere acreditado la reserva de AUV Kongsberg para el periodo de búsqueda ni para otro período de este año en curso", tal como lo pedía el ministerio, es decir que los Vehículo Submarino Autónomo y su tecnología estuviese disponible antes de noviembre de este año.
Por último, la letrada concluyó que "más allá de las objeciones formales de la preadjudicación se pudo constatar a la simple consulta de la página web de la mencionada empresa española que jamás realizaron una búsqueda, que no hay un solo indicio de eficiencia probable en esta tarea en la que, mis representadas y las familias de los tripulantes del submarino han depositado sus esperanzas".
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LA IMPUGNACIÓN