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Gils Carbó recibirá los datos de Odebrecht: desde Brasil piden que no sean públicos

La procuradora argentina girará la información a los fiscales que están investigando a la constructora

Alejandra Gils Carbó recibirá la documentación sobre las coimas de Odebrecht (Adrián Escandar)

La Procuración General de la República de Brasil advirtió hoy a su par de Argentina, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que los datos aportados por directivos "arrepentidos" de Odebrecht no pueden ser revelados públicamente.

Mediante una nota enviada hoy a la Procuración General argentina, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros reclamó que "se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil".

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"Existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal suspenda la confidencialidad de las declaraciones y documentos relacionados con otros países y que contienen la colaboración de ex directores de la empresa, decisión que tendrá efecto a partir del 1 de junio", explica la nota a la que accedió Infobae.

En ese contexto, el procurador brasileño subrayó: "Hice una solicitud formal y expresa al Supremo Tribunal federal para que se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil".

"No se divulgará públicamente el contenido de esa parte de la colaboración y, consecuentemente, se evitarán eventuales perjuicios a la investigación que actualmente se realiza sobre el tema en el Ministerio Público dirigido por Usted", refiere la comunicación enviada a la jefa de los fiscales argentinos Gils Carbó. "Cualquier contacto sobre cooperación jurídica internacional, incluyendo la fijación de fechas para dichas audiencias, se deben hacer por medio de la Secretaría de Cooperación Internacional", añadió la documentación.

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Gils Carbó podría recibir en los próximos días toda la documentación con los aportes de "delación premiada" formulados por directivos y ejecutivos brasileños de Odebrecht y deberá remitirla a los tres expedientes abiertos en la Argentina vinculados con la operatoria de la multinacional, que admitió haber pagado 35 millones de dólares en coimas.

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